Quito. (Lindon Sanmartín Rodríguez).- El Consejo de la Judicatura, presidido por Mercedes Caicedo, solicitó formalmente a la Contraloría General del Estado la realización de exámenes especiales y verificaciones técnicas sobre distintos procesos administrativos, financieros y de contratación ejecutados entre 2020 y 2026.
La petición fue realizada a través de la Dirección General de la institución y se sustenta en las facultades constitucionales y legales relacionadas con el control y auditoría de los recursos públicos.
Contrataciones y finanzas bajo revisión
Entre las acciones requeridas constan auditorías especiales a los procesos de contratación de personal desarrollados desde enero de 2020 hasta abril de 2026.
Asimismo, la Judicatura solicitó revisiones sobre operaciones administrativas, financieras, contratación de servicios y consultorías ejecutadas durante ese mismo período.
La institución también pidió verificaciones preliminares relacionadas con obras y procesos de repotenciación realizados en el Complejo Judicial Florida Norte, ubicado en la provincia del Guayas.
Transparencia y control institucional
La actual administración de la Función Judicial señaló que estas acciones forman parte de una política orientada a fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza ciudadana.
Según el pronunciamiento oficial, el fortalecimiento institucional no debe construirse ocultando información, sino impulsando mecanismos independientes de control y fiscalización.
Por ello, se requirió la intervención de la Contraloría como organismo competente para ejecutar auditorías técnicas conforme lo establece la Constitución y la ley.
Compromiso con uso de recursos públicos
El Consejo de la Judicatura indicó que mantiene el compromiso de garantizar una gestión responsable y transparente en el manejo de recursos públicos.
La solicitud de auditorías ocurre en un contexto nacional donde distintas instituciones estatales han impulsado procesos de revisión interna y control administrativo para reforzar mecanismos de supervisión y confianza institucional.
Las evaluaciones solicitadas permitirán verificar procedimientos ejecutados en áreas sensibles como contratación pública, administración financiera y ejecución de obras dentro de la Función Judicial.
