Quito. (Lindon Sanmartín Rodríguez).- El juez Jairo García dictó prisión preventiva para el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, dentro del proceso denominado caso Goleada, en el que la Fiscalía investiga una presunta estructura de delincuencia organizada vinculada a lavado de activos y defraudación tributaria.
La medida cautelar también fue dispuesta contra los hermanos del burgomaestre, Antonio Alvarez y Xavier Alvarez, así como para otros siete procesados. En uno de los casos, el juez resolvió aplicar medidas sustitutivas, entre ellas la presentación periódica ante la autoridad judicial.
La decisión se produjo tras la audiencia de formulación de cargos, que se desarrolló de manera presencial y a puerta cerrada, sin acceso para público ni periodistas.
Fiscalía expone teoría del caso
El fiscal Dennys Villavicencio, a cargo de la investigación, presentó los elementos recabados durante la indagación previa contra 11 personas, entre ellas el alcalde de Guayaquil, sus hermanos, empresarios y funcionarios vinculados a la administración municipal.
Según la Fiscalía, el proceso investiga un “entramado societario complejo” que habría operado en torno a la comercialización de combustible, presuntamente evadiendo controles estatales y corrompiendo funcionarios públicos.
El Ministerio Público solicitó prisión preventiva para 10 de los 11 procesados, argumentando la necesidad de neutralizar riesgos procesales. Para una persona de la tercera edad pidió arresto domiciliario. Además, requirió el congelamiento de cuentas bancarias.
Postura de la defensa
La defensa de Aquiles Álvarez sostiene que el caso se origina en una denuncia anónima y que la principal prueba presentada corresponde a una pericia sobre aproximadamente 150.000 páginas de chats de WhatsApp.
Ramiro García, abogado del alcalde y de sus hermanos, manifestó que las conversaciones corresponden a intercambios coloquiales propios de actividades empresariales. Asimismo, cuestionó el pedido de prisión preventiva, señalando que su defendido habría cumplido con medidas previas de presentación ante la Fiscalía.
Otros abogados defensores, como Guido Prado y Carlos Soria, también criticaron la solidez de la teoría fiscal, indicando que la acusación se basa fundamentalmente en conversaciones digitales obtenidas de un procesado en otra causa judicial.
Avanza la instrucción fiscal
Con la formulación de cargos y la decisión judicial, el caso Goleada entra oficialmente en etapa de instrucción fiscal, fase en la que se recopilarán y practicarán nuevas diligencias investigativas.
Hasta el momento, las autoridades no han difundido mayores detalles oficiales debido a la reserva parcial de la audiencia.
