Patricio Valdivieso Espinosa
pavevaldivieso@hotmail.com
Caminando hacia los tres meses de encierro en casa y del cierre de la administración de justicia, nos preguntamos: dónde quedó el sueño constitucional de que: “No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades”; y, cuántos casos urgentes requieren la reapertura de las unidades judiciales, por: alimentos, prenatales, laborales, administrativos, etc. Nos damos cuenta que la pandemia: desnudó la falencia del sistema adversarial directo que se implementó con los procedimientos orales; que el acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva siguen siendo quimeras; que los principios de celeridad, economía procesal y simplicidad quedaron en el cuaderno, bajo el pretexto de la complejidad de hacer efectivos los principios procesales de inmediación, contradicción y concentración; desbaratando las garantías del debido proceso y la seguridad jurídica: porque justicia que tarda, no es justicia.
Dónde queda el derecho al acceso gratuito a la justicia universal, porque ahora prima un acceso selectivo, sin olvidar que los jueces fueron llamados para trabajar, pero internamente no tienen nada que hacer. Es bueno decirlo, la modernización de la justicia no son los “edificios inteligentes, llenos de pantallas publicitarias innecesarias”, deben solucionar los problemas de manera urgente. Pues, los clientes culpan a los abogados, los Abogados a los jueces, los jueces a la judicatura, la judicatura al gobierno, el gobierno a la tecnología, y se convierte en círculo vicioso donde brilla la inoperancia. No hay coordinación entre operadores de justicia, administradores y gremios de Abogados, para beneficiar a la ciudadanía que requiere los servicios urgentes de la justicia; sencillo, el libre ejercicio profesional no es importante para la función judicial.
Lastimosamente, para cualquier cambio o solución, no se toma en cuenta las realidades de todo el país, por eso las decisiones, no se acoplan al contexto de cada circunscripción jurisdiccional. Más allá de la imperiosa necesidad de abrir las unidades judiciales, no estamos seguros si las condiciones institucionales del sistema judicial, pueda adaptarse a una justicia en línea, pues ya deberíamos estar en condiciones de dar el salto a la nueva cultura judicial, creando un nuevo modelo simplificado. Si el mundo se está transformando, porque nosotros no; claro, es oportuno revisar, si por lo menos entienden sobre el uso de los factores tecnológicos y organizacionales a implementar.
Hay muchas dudas en el ambiente: ¿Está legislado el sistema para aplicar la justicia digital? ¿Tenemos tecnología digital de calidad que garantice las actuaciones procesales en la vía telemática? Lastimosamente, hasta ahora, los procesos no están digitalizados, debemos seguir revisando los expedientes físicamente. ¿Cuándo podremos revisarlos en línea a gran escala? No está por demás decir que, también se han olvidado de capacitar a jueces y abogados peleados con la tecnología, descuidando la brecha del analfabetismo digital. Por ello, urgen programas de capacitación del sistema informático por parte de la Judicatura, Colegio de Abogado, Foros de Abogados, no sólo para justificar sus horas de trabajo o de representación, sino para solucionar las deficiencias de manera urgente.