Tulcán. (Pablo Sanmartín Rodríguez).- El Ejército ecuatoriano ejecutó la operación militar “Fuego Letal”, una intervención sin precedentes contra la minería ilegal en la frontera norte del país, específicamente en el sector El Pablo, parroquia Chical.
El enclave intervenido generaba aproximadamente 300 mil dólares diarios, lo que proyecta un flujo anual superior a los 100 millones de dólares. Este volumen evidencia la magnitud de la economía ilegal asociada a la extracción minera, la cual financia redes logísticas, cadenas de suministro ilícitas y posibles vínculos con otras actividades criminales.
Desde el punto de vista estratégico, el uso de tanques AMX-13 introduce un cambio en la doctrina operativa de las Fuerzas Armadas, al incorporar capacidades de guerra convencional en escenarios de combate contra economías ilegales. Esta escalada refleja la creciente complejidad y capacidad de resistencia de estos grupos.
Tulcán.- El Ejército Ecuatoriano, realiza operaciones militares con un alto impacto en contra de la la minería ilegal en el sector El Pablo, parroquia Chical, cantón Tulcán, empleando vehículos blindados (tanques) AMX13, con el objetivo de frenar la minería ilegal. pic.twitter.com/FZWgoG33yp
— srradio (@srradioEc) March 28, 2026
La destrucción de 50 bocaminas no solo reduce la producción ilegal inmediata, sino que incrementa los costos de reactivación para estas organizaciones, afectando su sostenibilidad financiera en el corto y mediano plazo.
Además, el despliegue de armamento combinado —incluyendo morteros, aviación ligera y fuego terrestre— evidencia una estrategia orientada a la disrupción total del sistema productivo ilegal, más allá de intervenciones aisladas.
Tulcán.- El Ejército Ecuatoriano, ejcuta operaciones militares con un alto impacto en contra de la la minería ilegal en el sector El Pablo, parroquia Chical, cantón Tulcán, empleando helicópteros de combate, con el objetivo de frenar la minería ilegal. pic.twitter.com/ZqQBfoTtLl
— srradio (@srradioEc) March 28, 2026
En términos socioeconómicos, la operación también abre el debate sobre la dependencia de economías locales a actividades ilícitas, así como la necesidad de políticas públicas complementarias que impulsen alternativas productivas legales en zonas fronterizas vulnerables.
