Quito. (Pablo Sanmartín Rodríguez).- La Asamblea Nacional aprobó, con 84 votos afirmativos, la Ley sistema penitenciario Ecuador aprobada, una reforma orientada a fortalecer el control estatal en las cárceles y enfrentar la crisis carcelaria que atraviesa el país.
El proyecto, impulsado por la Comisión de Seguridad Integral, plantea una respuesta normativa integral para restablecer la institucionalidad del sistema penitenciario, reducir la influencia del crimen organizado y garantizar el cumplimiento de penas bajo principios de legalidad y respeto a los derechos humanos.
Durante la sesión del Pleno, realizada en la Universidad Católica de Cuenca, la presidenta de la comisión, Inés Alarcón, presentó la moción para aprobar el texto íntegro. En su intervención, destacó que la reforma se sustenta en pilares como la inteligencia penitenciaria, la capacitación y profesionalización de los guías, así como la implementación de pruebas de confianza y el uso legítimo de la fuerza.
La normativa contempla además la cooperación entre fuerzas militares y policiales para suplir el déficit de personal penitenciario y reforzar la seguridad en los centros de privación de libertad.
Entre los principales ejes se incluye el fortalecimiento del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria como una entidad especializada, civil, armada y jerarquizada. También se establece la creación de grupos especiales de intervención para atender crisis y restablecer el orden.
Otro aspecto clave es la clasificación de los centros penitenciarios y de las personas privadas de libertad según niveles de seguridad y riesgo, junto con la implementación de un régimen especial para internos de alta peligrosidad.
La ley también refuerza el sistema de inteligencia penitenciaria para prevenir actos de violencia y desarticular estructuras criminales, además de introducir cambios en el régimen disciplinario para combatir la corrupción dentro del sistema.
En materia de rehabilitación, se incorpora una disposición transitoria para promover políticas de trabajo penitenciario, orientadas a la reinserción social de las personas privadas de libertad. El Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) deberá ejecutar estas medidas en un plazo máximo de 36 meses.
“La rehabilitación se logra mediante la dignificación a través del trabajo”, enfatizó Alarcón.
Por su parte, la legisladora Lucía Jaramillo señaló que el objetivo es recuperar el control total del Estado sobre las cárceles, mientras que Ana Belén Tapia subrayó la necesidad de garantizar seguridad y construir un país más seguro para las futuras generaciones.
