(Diario EL UNIVERSO).- Bajo la figura de la emergencia judicial, el Consejo de la Judicatura Transitorio (CJT) entregó contratos a personas ligadas con esta institución, con sus funcionarios o con el Gobierno. En un informe de la entidad, publicado en su web, consta un listado con los contratos dados desde octubre del 2011, un mes después de que el presidente Rafael Correa dispuso la emergencia en el sector Justicia.
En esa nómina constan, por ejemplo, dos contratos para la compra de pruebas psicológicas, dados a Studium Compañía Limitada, empresa quiteña en la que había trabajado Rafael Falconí Salazar, hijo del secretario general de la Judicatura, Guillermo Falconí Aguirre. El primer contrato de $ 590 mil se firmó el 8 de noviembre del 2011 y era, según el CJT, para adquirir “instrumentos de evaluación psicológica con orientación psicojurídica para el proceso de evaluación de los servidores de la Función Judicial”.
El segundo contrato se firmó el 30 de noviembre por $ 608 mil y tuvo por objeto la “adquisición de instrumentos de evaluación psicológica con orientación jurídica para el concurso de méritos y oposición para los cargos de jueces y juezas de la familia, mujer, niñez y adolescencia y contravenciones y demás materias”.
La gerenta de esta compañía, Emma Chiriboga Salazar, dijo que parece que el hijo del secretario de la Judicatura sí trabajó ahí en el 2010 de manera ocasional, pero negó que por esta relación se le hayan dado los dos contratos: “Están equivocados, son versiones malintencionadas”. “Nosotros cogemos personas por temporada. Parece que él sí estuvo. ¿Debe ser un jovencito, no?”.
Además, la gerenta explicó que la compañía Studium era la única que podía cumplir con el contrato, pues es distribuidora exclusiva de la editorial TEA de España que se dedica a la realización de estas pruebas psicológicas. “No podían pedirnos sino a nosotros”, justificó.
El CTJ también asignó sin concurso un contrato de consultoría por $ 25 mil a Ricardo Antonio Montalvo Ortega el 14 de diciembre del 2011 y, según información de la Judicatura, tenía por objeto el desarrollo de un “estudio acerca de los porcentajes de participación del Estado respecto de los ingresos brutos de las notarías”.
Dos meses antes de recibir el contrato, Montalvo Ortega participaba como candidato a juez dentro del concurso para elegir a los nuevos magistrados de la Corte Nacional de Justicia. No entró a la Función Judicial como juez, pero este año ingresó a trabajar a la Judicatura como gerente de proyectos.
La Judicatura dio otro contrato a Hugo Vinicio Carrión Carrión, por $ 210.650, el 30 de diciembre del 2011 para una “consultoría especializada en organización archivística, digitalización y gestión documentaria del CJT fase 1 (Prototipo Secretaría General)”. Carrión había sido en el 2009 asesor del Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, dirigido entonces por Galo Borja, actual aspirante a asambleísta de Alianza PAIS (AP).
Este Diario intentó contactar al representante legal de la Judicatura, Mauricio Jaramillo Velasteguí, para consultarle sobre los contratos dados por esta entidad en el 2011, pero Jaramillo, quien en ese año se desempeñó también como asesor 2 de la Presidencia de la República, respondió que solo se publicarían los datos cuando la misma Judicatura levante el estado de emergencia judicial.
La semana pasada se lo intentó ubicar nuevamente, pero no contestó su celular. A Jaramillo también se lo requería para consultarle si la Judicatura le ha dado contratos a Eventos y Tecnología Ethac, dedicada a la realización de cursos y seminarios, creada en el 2006 y donde figura como gerenta general su esposa, María José Gallegos Arias, según datos de la Superintendencia de Compañías. En el sitio web de Ethac se menciona al Consejo de la Judicatura como “cliente satisfecho”.
Ente transitorio
El Consejo de la Judicatura Transitorio, integrado por Paulo Rodríguez, Tania Arias y Fernando Yávar, afines al Gobierno, entró en funciones el 26 de julio del 2011.
Consejo definitivo
La designación del nuevo Consejo está prevista para fines de diciembre y este reemplazará al transitorio, que terminará su labor el 26 de enero próximo, transcurridos los 18 meses de la reestructuración judicial.
