Quito.- La Comisión de Derechos Colectivos, Comunitarios y la Interculturalidad, presidida por la asambleísta Zobeida Gudiño, aprobó el informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Consejos Nacionales para la Igualdad, en cumplimiento del mandato de los artículos 156 y 157 de la Constitución.
La normativa establece la creación de los consejos de Género; Intergeneracional; Pueblos y Nacionalidades; Discapacidades y Enfermedades Catastróficas; y, de Movilidad Humana, que tendrán la responsabilidad de promover la protección y garantía de los derechos de las personas, grupos, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, además propiciar la igualdad y garantizar la no discriminación en la diversidad intercultural para la construcción del Estado Plurinacional e Intercultural.
Los Consejos Nacionales para la Igualdad estarán conformados paritariamente, tanto por representantes de la Función Ejecutiva, designados por el Presidente de la República y por representantes de la sociedad civil, quienes adquieren la calidad de consejeros; los consejos se integrarán por un mínimo de seis y un máximo de doce consejeros en total; durarán cuatro años en sus funciones, según determine el Reglamento.
Para la selección de los representantes de la sociedad civil, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social convocará a concurso público de méritos. Para participar se requiere ser titular del derecho conforme a cada una de las temáticas existentes, podrá tener el auspicio de organizaciones de hecho o de derecho o movimientos de la sociedad civil.
Atribuciones y funciones
Los Consejos Nacionales para la Igualdad deben formular, transversalizar, observar, hacer seguimiento y evaluar el cumplimiento de las políticas públicas para la igualdad, en coordinación con las entidades rectoras y ejecutoras y con los organismos especializados en la prevención, protección y restitución de derechos en todos los niveles de gobierno; establecer procedimientos, justos, efectivos y oportunos, para la denuncia y sanción de todas las formas de discriminación y violencia.
También, definir observaciones y recomendaciones para que, a través de los organismos estatales competentes, se dé cumplimiento a las obligaciones y al respeto de los derechos consagrados en la Constitución, tratados internacionales y demás leyes vigentes; construir de forma participativa con los consejos consultivos y ciudadanía las Agendas para la Igualdad en el ámbito de su competencia, a fin de que se integre al Sistema Nacional de Planificación.
