Mala práctica médica es tema de intenso debate en Comisión de Justicia

Quito.- El doctor Renato Guaraldo, catedrático universitario, de nacionalidad itialiana, en la Comisión de Justicia consideró que hay que evitar la impunidad, pero sin caer en una normativa punitiva y rigurosa para sancionar la mala práctica médica.

El juez tiene que evaluar el error o impericia, sobre la base de la aplicación o no de las reglas macroscópicas definidas por la comunidad científica, a fin de determinar si el acontecimiento lesivo o la muerte del paciente habría podido ser previsible, en el objetivo de fijar, así, la responsabilidad civil y penal.

Para tal efecto, continuó, se debe considerar las condiciones del paciente, la condición del lugar donde el galeno ejerce su función, la posibilidad que las diferencias individuales entre uno u otro paciente puedan no haber sido completamente estudiadas debidamente.

Reiteró que en un código solo se puede establecer indicaciones generales; será el juez el que verifique si efectivamente el acontecimiento lesivo o peor la muerte del paciente habría posible se previsible o no, según buena práctica médica y técnica.

Estamos hablando de los errores en el ejercicio de la práctica médica, de ninguna manera de todas las actuaciones que están fuera de este ámbito: la intervención quirúrgica inútil y la intervención equivocada de forma grave, que hacen parte de otro universo jurídico, sostuvo, tras expresar que la idea de sanción con prisión de dos a cuatro años tiene que merecer profundo análisis.

Biopiratería

También, la Comisión de Justicia recibió a Andrés Ycaza Mantilla, director Ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, quien solicitó tipificar e imponer sanciones para el delito de biopiratería.

Destacó que Ecuador es uno de los países más megadiversos del mundo, en razón de su gran riqueza en recursos genéticos y saberes culturales tradicionales, que han sido patentados por personas y organizaciones particulares, sin la respectiva autorización y responsabilidad de los pueblos y comunidades y, lo que es más, sin la redistribución justa y equitativa de beneficios.