Loja. (Lindon Sanmartín Rodríguez).- La reciente aprobación de una reforma a la Ordenanza 055-2018, que regula la operación del Sistema Intermodal de Transporte Urbano (SITU) en Loja, ha desatado una fuerte controversia, especialmente por el incremento de seis centavos al pasaje.
Marcos Quishpe, representante de los barrios de la Campiña Lojana, ha levantado la voz para denunciar una serie de irregularidades y falencias en el proceso, que, según él, afectan directamente los derechos de la ciudadanía.
Quishpe, en una entrevista en el noticiero Prensa Radial y Noticias Planeta al Día, de la alianza de medios diario La Hora, S. R. Radio y radio Planeta 106.1, contextualizó la situación señalando que esta alza se suma a otras medidas económicas recientes, como el incremento del IVA del 12% al 15% en marzo de 2024 y la liberación de subsidios a los combustibles mediante el Decreto Ejecutivo 308 del 26 de junio de 2024. Estas acciones, lejos de garantizar derechos, «privan, coartan y afectan enormemente» a la población.
Estudio tarifario bajo la lupa: Inflación de costos y unidades obsoletas
El representante barrial puso en entredicho la validez del estudio que sustentó el incremento tarifario. Según Marcos Quishpe, este estudio, que debería ser «real, serio y probado» conforme al Acuerdo Ministerial 067/2021, presenta «números inflados» en varios aspectos, como los costos fijos y la depreciación.
Se denuncia que se incluyen unidades de hasta 20 o 22 años en el rubro de depreciación, cuando la normativa establece un límite de 10 años para que este costo sea aplicable.
Además, se cuestiona el aporte por gasto administrativo a las operadoras y los gastos de circulación, que no distinguen entre rutas troncales y marginales.
Falta de Plan de Movilidad y deficiencias en la infraestructura del SITU
Una de las críticas más contundentes de Quishpe es la ausencia de un Plan de Movilidad en Loja desde 2021 o 2022. Esta carencia impide una visión clara sobre el futuro del transporte en la ciudad y cómo se enmarcan las decisiones actuales.
Asimismo, se evidencian graves deficiencias en la infraestructura del SITU. Subestaciones de transferencia de pasajeros, como la del Terminal Terrestre, son utilizadas por cooperativas específicas, mientras que otras, como la del zoológico o la de la Nueva Granada, no funcionan o han sido destinadas a otros usos, como las oficinas de la Dirección de Movilidad en el caso de la subestación del Supermaxi.
Proceso de aprobación cuestionado: Falta de socialización y vicios legales
Marcos Quishpe lamenta la falta de participación ciudadana en el proceso. A pesar de haber solicitado a la alcaldesa, el 19 de marzo de 2026, la socialización de la propuesta, esta nunca se concretó.
El concejal Iván Ludeña, presidente de la Comisión de Tránsito y Transporte Terrestre, no fijó fecha ni hora para la socialización del texto final.
La ordenanza aprobada el día de ayer carece de elementos jurídicos mandatorios, como la exposición de motivos y la parte considerativa, que sí estaban presentes en una propuesta de 2025.
Además, se señala que la propia alcaldesa reconoció fallas en el estudio y en la ordenanza.
Un punto crítico es la disposición final de la ordenanza, que establece su entrada en vigencia «a partir de la firma de la fecha de su aprobación y sanción en el cabildo, sin perjuicio de su publicación en el registro oficial».
Esta cláusula es considerada ilegal, ya que toda normativa debe ser publicada en el Registro Oficial para su validez, especialmente en temas económicos.
Violación de derechos y monopolio del transporte
Quishpe también denuncia la violación de un derecho constitucional al obligar a los ciudadanos a comprar la tarjeta del SITU para pagar el pasaje, cuando la moneda oficial es el dólar americano.
Esta medida, junto con la falta de un modelo de gestión empresarial adecuado en las operadoras de transporte, que operan «a libre voluntad» en lugar de como un consorcio, contribuye a un sistema que favorece un monopolio.
Posibles acciones legales y llamado a la unidad
Ante este panorama, se están estudiando recursos constitucionales y jurídicos, como un amparo constitucional o una demanda contencioso-administrativa. El concejal Lenin Cuenca ha manifestado la posibilidad de solicitar la reconsideración de la votación.
Marcos Quispe hace un llamado a la ciudadanía de Loja a organizarse y exigir al municipio la discusión de una ordenanza de transporte público que contemple modalidades público-privadas, permita la inversión económica de diversos actores a través de acciones y establezca un modelo de gestión empresarial transparente.
También insta a la derogatoria del Decreto 308 sobre la liberación de subsidios a los combustibles y a la unidad de todos los sectores para pensar en un modelo de movilidad adecuado para la ciudad.
La situación actual del SITU, con su infraestructura deficiente y la falta de cumplimiento de la integración tarifaria prometida desde 2014, demuestra que la población de Loja ha estado subsidiando un «servicio inexistente» por años.
La nulidad de la ordenanza del SITU, aprobada ayer, abre una ventana de un año para construir una normativa sólida y justa para el transporte público del cantón.
