Zamora.- Una marcha pacífica por las calles de la ciudad de Zamora protagonizaron los mineros de Nambija, donde solicitaron al Gobierno Nacional respeto a sus derechos ante las pretensiones de la empresa fantasma “Cumbaratza” de querer adueñarse de las más de 30.000 hectáreas de terreno donde se asientan los mineros de Nambija, Campanillas.
A esta marcha acompañó el prefecto Salvador Quishpe Lozano quién junto a los dirigentes llegaron hacia la Gobernación, fueron recibidos por los representantes del Gobierno y entregaron un oficio con cinco pedidos para que sea remitido al presidente de la república.
Ausberto Zúñiga, presidente de la Cámara de la Pequeña Minería, indicó a los medios de comunicación que hubo una sentencia de casación de última instancia por la extinta Corte Suprema de Justicia, el seis de enero de 1996, donde se dio por concluido el caso Cumbaratza. Resulta curioso, porque este tema volvió a revivir con auto de ejecución de sentencia e interpretación, “la misma que es inejecutable e improcedente por cuanto la Corte de Justicia de ese entonces definió que la empresa Cumbaratza no tiene derecho a ningún reclamo porque prescribió», acotó.
Cerca de 15.000 mineros directos a parte de los indirectos, estarían afectados con esta situación, “la minería mueve y genera riqueza en la Provincia, porque a más de ello se benefician transportistas y comerciantes, por ello pedimos que se archiven todas las pretensiones porque son improcedentes, ilegales e inejecutables”, señaló Zúñiga.
Quishpe Lozano, dio a conocer que el Ecuador conoce que hace más de 30 años entre el pueblo minero de Nambija y la empresa fantasma Cumbaratza se han concluido los procesos judiciales, existe una sentencia en casación en última instancia favorable al Estado que le niega todo derecho a la empresa Cumbaratza. “Sin embargo, esta empresa ha logrado romper conciencias, han forjado documentos falsos y dice ser la dueña de 30.000 hectáreas y todos los alrededores de Nambija. El pueblo minero reclama sus derechos al Gobierno que haga respetar las sentencias en última instancia a favor del estado negando derechos a la Cumbaratza”.
Sobre ello, Salvador Quishpe Lozano, explicó que se ha pedido una reunión al ministro Carlos Pérez en la ciudad de Quito, solicitando respuestas sobre tema, el cual ha sido concedido para el viernes 18 de enero, “vamos a acudir junto a una delegación y esperamos que sea una respuesta en función de la justica ya dada y que sea respetada”.
El abogado Dario Peñaherreta, representante legal de un grupo de mineros de Nambija, insinúa que la sentencia conseguida por la empresa Cumbaratza “se dio por actos de corrupción, por cuanto es totalmente inejecutable, estamos exigiendo al Ministerio de Recursos No Renovables que se declare la legitimidad a favor de los mineros de Nambija”.
Paulina Tapia, dirigente dijo que es preocupante lo que los mineros vienen sufriendo amenazas “no sólo se están metiendo con el trabajo, con engaños se toman los nombres de las organizaciones, lo ocurrido el día sábado en una reunión se les hace llegar que ha estado presente una asociación de Nambija, pretendiendo engañar al presidente de la república que la empresa Cumbaratza ha solucionado el problema social, lo cual es totalmente falso”, aseveró.
PEDIDOS:
Que se ejecute la sentencia de casación dictada por la corte de justicia del 10 de enero 1996.
Cumplan los criterios vinculantes emitidos al mal llamado auto de ejecución de sentencia por distintos procuradores generales del estado donde se desprende que la autoridad minera no tiene nada que cumplir.
Revocar la inscripción de autos emitidos en contra de la citada sentencia de casación por parte del registrador minero de ARCOM de Zamora.
Respete incondicional los 262 derechos mineros legalmente otorgados por el estado ecuatoriano.
Archive las ilegales pretensiones de la empresa minera Cumbaratza dentro de las áreas concesionadas de Nambija.