Loja. (Lindon Sanmartín Rodríguez).- El Consejo de la Judicatura dejó sin efecto la acción de personal que autorizaba el traslado del juez Max Patricio Brito Cevallos desde el distrito judicial de Loja hacia el cantón Mejía, en la provincia de Pichincha.
La disposición fue emitida el 29 de abril de 2026 por el director general del Consejo de la Judicatura, Mgs. Jorge Mauricio Maruri Vecilla, quien autorizó la anulación del memorando No. CJ-DG-2026-2389-M de 20 de abril del 2026 y de la acción de personal Nro.3060-DNTH-2026-GR, “disponiendo a las direcciones provinciales involucradas realizar las acciones administrativas que corresponda a fin de dar cumplimiento a la presente disposición”.
El caso tomó relevancia pública luego de las denuncias realizadas por los periodistas Pablo Sanmartín Rodríguez y Lindon Sanmartín Rodríguez durante el noticiero Prensa Radial Noticias Planeta al Día, de la alianza informativa Diario La Hora, S.R. Radio y Radio Planeta 106.1.
Según los comunicadores, el juez Max Patricio Brito Cevallos habría intentado trasladar una partida presupuestaria correspondiente al distrito judicial de Loja hacia otra jurisdicción, situación que generó preocupación dentro de la Función Judicial lojana.
El Pleno de la Corte Provincial de Justicia de Loja también expresó su rechazo a la medida y elevó observaciones a las autoridades nacionales del Consejo de la Judicatura, solicitando revisar el procedimiento administrativo.
Posteriormente, la Dirección Nacional de Talento Humano dejó sin efecto la acción de personal, confirmando administrativamente la suspensión del traslado.
Reacciones y controversia institucional
La directiva del núcleo Loja de la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces emitió un comunicado defendiendo al juez Max Brito, destacando su trayectoria profesional y señalando que la solicitud de traslado se encontraba dentro de las facultades legales de un servidor judicial.
Sin embargo, los periodistas cuestionaron el pronunciamiento de la asociación y sostuvieron que la resolución emitida por el Consejo de la Judicatura ratifica las denuncias difundidas en el espacio informativo.
Durante el análisis también se mencionó la existencia de chats internos entre jueces a nivel nacional, donde varios funcionarios habrían expresado respaldo al distrito judicial de Loja y desacuerdo con la pretendida salida de la partida judicial.
Los comunicadores solicitaron que la Asociación de Magistrados y Jueces núcleo Loja emita un nuevo pronunciamiento oficial sobre la anulación del traslado y transparenten las comunicaciones internas relacionadas con este caso.
Auditorías y revisión administrativa
Ante la iniciativa de la presidenta del Consejo de la Judicatura, Dra. Mercedes Caicedo, solicitó a la Contraloría General del Estado la ejecución de auditorías especiales y verificaciones técnicas sobre procesos administrativos, financieros y de contratación desarrollados entre 2020 y 2026, los periodistas solicitan que dichas investigaciones también se traslades al distrito judicial de Loja.
La presidenta del Consejo de la Judicatura en su oficia al Contralor, solicita las revisiones abarcarían contrataciones ocasionales, manejo de recursos públicos, consultorías y contratos de arrendamiento vinculados con la Función Judicial.
Uno de los puntos cuestionados por los periodistas corresponde al arrendamiento de edificios externos utilizados por la justicia en Loja, pese a que —según indicaron— existiría infraestructura suficiente en el histórico edificio judicial de la ciudad.
El análisis periodístico sostiene que la Contraloría deberá determinar si las decisiones administrativas relacionadas con arriendos y readecuaciones institucionales respondieron a necesidades técnicas reales o a intereses particulares.
Finalmente, los periodistas reiteraron que la defensa del distrito judicial de Loja no solo responde a criterios administrativos, sino también a la necesidad de proteger oportunidades laborales y judiciales para profesionales y jóvenes de la provincia.
