Quito.- En la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, la viceministra de Inclusión Económica y Social, Cecilia Tamayo, subrayó que las mujeres que trabajan en el hogar lo hacen en un promedio de 31 horas a la semana más que los hombres y cuando se inserta en una actividad que genere ingresos, su trabajo sube a 77 horas, lo que hace que por un principio de justicia social, de igualdad y de equidad, se plantee su reconocimiento en la seguridad social.
La funcionaria se refirió al trabajo que cumple esa cartera de Estado y la cobertura de los grupos de atención prioritaria, a través del bono de desarrollo humano y cómo este se relaciona con el proyecto de Ley de Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar y su incorporación a la seguridad social.
Manifestó que se trabaja para avanzar en la universalización de la seguridad social, reconociendo al trabajado no remunerado como un trabajo productivo.
Destacó que el 95% de las beneficiarias del bono de desarrollo humano son mujeres, es decir jefas de hogar y como parte de la política de la erradicación de la pobreza, a través del MIES, se entrega el bono de desarrollo humano aquellas jefas de familias que reúne ciertas condiciones y este monto es de 50 dólares mensuales y que actualmente existe una cobertura de 450 mil familias beneficiarias, que implica un presupuesto de 430 millones anuales.
Explicó que este bono está focalizado a aquellas personas que se encuentran en mayor situación de pobreza o pobreza extrema.
La cobertura de los beneficiarios del bono de desarrollo humano, según el sexo, el 95%, 421.871, son mujeres y 23.318 son hombres. El 57% se encuentra ubicada en el área urbana y 43% en el sector rural.
Expresó que para aquellas familias que se encuentran en mayor estado de vulnerabilidad, se trabaja de manera intersectorial e interinstitucional para garantizar el acceso a los servicios de salud, de desarrollo infantil, educación y otros que permitan potenciar las capacidades de las familias.
Adicionalmente, informó que atienden a las personas adultas mayores, con mayor situación de vulnerabilidad, con una pensión no contributiva, a la que acceden actualmente más de 400 mil adultos mayores, que es de 50 dólares.
