Quito. (Pablo Sanmartín Rodríguez).- El gobierno del presidente Daniel Noboa envió este 28 de enero a la Asamblea Nacional, en Quito, dos proyectos de ley económicos urgentes, los primeros presentados por el Ejecutivo en 2026. Las iniciativas abordan reformas en los sectores estratégicos de minería y energía, así como cambios en el régimen de gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).
Las propuestas fueron ingresadas por el secretario jurídico de la Presidencia, Enrique Herrería, quien recordó que el Ejecutivo había anunciado el envío de varias leyes urgentes tras los resultados del último referéndum y consulta popular.
Uno de los proyectos plantea el fortalecimiento de los sectores estratégicos de la minería y la energía, mientras que el segundo propone reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), con el objetivo de mejorar la sostenibilidad y eficiencia del gasto público en los gobiernos locales.
La última ley económica urgente tratada por la Asamblea fue remitida el 1 de octubre de 2025 y correspondió al Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, aprobada a finales de ese mismo mes.
Dos leyes urgentes en estado de excepción
Herrería explicó que, si bien la Constitución establece que el Presidente puede enviar un solo proyecto económico urgente a la vez, el estado de excepción vigente faculta al Ejecutivo a presentar hasta dos iniciativas de este tipo de manera simultánea. Aseguró además que ambos proyectos cumplen con el principio de unidad de materia, por lo que no deberían enfrentar obstáculos en su trámite legislativo, que no puede exceder los 30 días.
Reforma al régimen de gasto de los GAD
En relación con la reforma al COOTAD, el secretario jurídico indicó que actualmente existen disposiciones para limitar los gastos corrientes de los GAD, pero que el Gobierno busca una mayor cohesión entre el gasto local y el Plan Nacional de Desarrollo.
Según el Ejecutivo, la baja ejecución de obras y proyectos sociales en los gobiernos locales genera presión sobre el Estado central, que enfrenta restricciones económicas. En 2024, el gasto destinado a obras y servicios básicos representó, en promedio, menos del 39 % del presupuesto total de los GAD.
El proyecto establece una regla fiscal para que los gobiernos locales destinen al menos el 70 % de su presupuesto a inversión, mantenimiento y reposición de infraestructura y servicios públicos, con mecanismos de control, trazabilidad y rendición de cuentas.
Cambios en minería y energía
El segundo proyecto urgente responde, entre otros aspectos, a una sentencia de la Corte Constitucional, emitida el 11 de diciembre de 2025, que declaró inconstitucional una disposición de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica relacionada con la concesión de servicios a empresas privadas bajo una causal amplia de “interés público”.
Hemos recibido en la Asamblea Nacional los dos proyectos económicos urgentes presentados por el presidente @DanielNoboaOk.
— Niels Olsen (@NielsOlsen) January 28, 2026
El primero busca ordenar y hacer más eficiente el gasto de los gobiernos locales, para que más recursos vayan a obra pública y servicios para la gente. El… pic.twitter.com/xYjDceQ2nv
Herrería señaló que el Ejecutivo incorpora normas explícitas para regular la inversión privada en el sector energético, con el fin de garantizar la provisión del servicio, asegurar recursos para el Estado y permitir la participación privada cuando los costos estatales sean mayores.
En el ámbito minero, el funcionario indicó que la normativa vigente limita la agilidad de la inversión y que el proyecto busca facilitar un retorno más inmediato de recursos y tributos para el Estado derivados de la actividad extractiva.
