Quito. (Pablo Sanmartín Rodríguez).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, envió al Consejo Nacional Electoral (CNE) el proyecto de enmienda constitucional corregido que busca modificar el mecanismo de designación de las autoridades de control del país.
La propuesta plantea que esta atribución regrese a la Asamblea Nacional, dejando de estar en manos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), organismo que actualmente tiene esa competencia.
La iniciativa se sustenta en el dictamen favorable de la Corte Constitucional del Ecuador, emitido el pasado 21 de marzo del 2026, en el que se determinó que la reforma no implica una alteración de la estructura del Estado ni vulnera derechos fundamentales. Esto habilita el camino para que la propuesta sea sometida a consulta popular.
El Ejecutivo plantea que sea la ciudadanía, a través de un referéndum, la que decida si el Legislativo debe retomar la facultad de designar a autoridades como el Procurador General del Estado, el Contralor General y los superintendentes.
Según el Gobierno, este cambio fortalecería la institucionalidad democrática y permitiría mayor transparencia en los procesos de selección de altos funcionarios, al trasladar la responsabilidad a un órgano de representación política directa.
Tras la entrega del documento, el CNE deberá iniciar los procedimientos administrativos correspondientes para su análisis y eventual convocatoria a consulta popular. El Pleno del organismo electoral será el encargado de definir los pasos a seguir.
La intención del Ejecutivo es que el referéndum coincida con las elecciones seccionales previstas para el 29 de noviembre de 2026, lo que permitiría optimizar recursos y fomentar una mayor participación ciudadana en la decisión.
Este planteamiento reabre el debate sobre el rol del CPCCS dentro del sistema institucional ecuatoriano, en medio de cuestionamientos recurrentes sobre su funcionamiento y eficacia en la designación de autoridades de control.
