Lima. (Pablo Sanmartín Rodríguez).- El Congreso de la República reunió las 78 firmas necesarias para convocar a un pleno extraordinario que debatirá la destitución del presidente interino de Perú, José Jerí.
Jerí asumió la jefatura del Estado en octubre de 2025, en su condición de presidente del Parlamento, tras la destitución de Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”.
Acusaciones y mociones en curso
La iniciativa legislativa avanza en medio de varias mociones de censura contra el mandatario interino. Se le atribuyen presuntos encuentros semiclandestinos con empresarios chinos contratistas del Estado y cuestionadas contrataciones de jóvenes funcionarias que, según denuncias, habrían ocurrido tras reuniones en el Palacio de Gobierno.
Aunque el Congreso se encuentra en receso hasta marzo, la normativa permite convocar a un pleno extraordinario con el respaldo de al menos 78 congresistas, umbral que —según los impulsores— ya fue alcanzado.
El único bloque que no respalda la convocatoria es el fujimorismo, alineado con la posición de Keiko Fujimori, quien ha expresado su apoyo a Jerí. La Mesa Directiva del Congreso, presidida interinamente por Fernando Rospigliosi, tendrá un plazo de 15 días para convocar al pleno una vez recibida formalmente la solicitud.
Debate sobre los votos necesarios
Existe controversia respecto al número de votos requeridos para remover al mandatario. Un sector del Legislativo sostiene que bastarían 66 votos —la mitad más uno de los 130 congresistas—, cifra necesaria para censurarlo como presidente del Congreso, lo que implicaría automáticamente la pérdida de su condición de jefe de Estado interino.
Sin embargo, Rospigliosi argumenta que, al ejercer actualmente la Presidencia de la República, Jerí debe ser destituido bajo los requisitos constitucionales aplicables a un mandatario elegido por voto popular, lo que exige 87 votos, equivalentes a dos tercios del hemiciclo.
Un mandato debilitado
Jerí, de 39 años, asumió el cargo el 10 de octubre en un contexto marcado por el incremento de la criminalidad. Desde entonces, ha impulsado intervenciones en centros penitenciarios inspiradas en modelos de seguridad aplicados en El Salvador y Ecuador, además de declarar el estado de emergencia en Lima y en la provincia constitucional del Callao.
No obstante, su posición política se ha visto debilitada tras revelarse reuniones reservadas con empresarios, incluida una en la que presuntamente acudió encapuchado a un restaurante para evitar ser reconocido.
Con siete presidentes en la última década, Perú enfrenta un nuevo episodio de inestabilidad política a pocos meses de las elecciones generales previstas para el segundo trimestre del año, en las que participarán 35 candidatos presidenciales.
