Loja. (Pablo Sanmartín Rodríguez).- El Parque Nacional Podocarpus, una joya natural y reserva de biósfera vital para el sur de Ecuador y el continente, ha sido escenario de una devastadora minería ilegal que ha provocado una crisis ambiental y de seguridad.
En una entrevista exclusiva, el Coronel Erik Erazo, Comandante de la Séptima Brigada de Infantería Motorizada Nr. 7 Loja, junto al Coronel Patricio Jiménez, oficial de operaciones de la brigada, ofrecieron detalles contundentes sobre las operaciones militares desplegadas para recuperar y controlar este territorio.
El Coronel Erik Erazo contextualizó la magnitud del Podocarpus, establecido como Parque Nacional en 1982 y parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Con una extensión de 146.280 hectáreas, el parque es crucial por ser la naciente de ríos fundamentales como el Catamayo, Mayo y Zamora, así como el Nangaritza, Loyola y San Luis.
Sin embargo, esta riqueza natural ha sido brutalmente agredida por la minería ilegal, una actividad que, según el Coronel Erik Erazo, no es de causa natural sino «provocada por mano del hombre».
La minería ilegal ha generado una triple contaminación: del agua, afectando directamente las nacientes de los ríos; del suelo, por el desecho de mezclas y combustibles; y atmosférica, por la quema de materiales.
Además, se ha reportado un grave impacto paisajístico y una severa afectación a la biodiversidad. El Coronel Erik Erazo enfatizó que la recuperación ambiental requerirá un tiempo considerable, cuya valoración corresponde a las autoridades ambientales.
La Minería Ilegal como Amenaza de Estado
La situación escaló en enero de 2023, cuando el Consejo de Seguridad Pública y del Estado declaró la minería ilegal como una amenaza para el Estado. Esta declaratoria otorgó a las Fuerzas Armadas la competencia directa y la capacidad operacional para intervenir. «Al ser amenaza, ya tiene otra consideración. Por ende, para nosotros es un objetivo legítimo del uso de la fuerza«, afirmó el Coronel Erik Erazo.
Las operaciones militares, que se llevaron a cabo del 9 al 15 de marzo de 2026, fueron precedidas por una exhaustiva planificación y reconocimientos aéreos.
Se detectó la presencia de grupos armados organizados que controlaban el acceso y cobraban peajes a los mineros ilegales.
Un incidente el 28 de enero de 2026, donde grupos armados intentaron tomarse el sector de La Aida, resultó en disparos y heridos, evidenciando la peligrosidad de la situación y la configuración de un conflicto interno.
Resultados de las Operaciones y Desafíos Futuros
Las Fuerzas Armadas, con un contingente de entre 400 y 500 personas, intervinieron en dos frentes. La minería aluvial en las nacientes de los ríos y las bocaminas en las partes altas.
El Coronel Patricio Jiménez destacó de «éxitosa» la operación, que resultó en la destrucción de campamentos, bocaminas y procesadoras de oro, especialmente en los sectores de San Luis y Dos Camas.
Se logró destruir maquinaria, clasificadoras y motores de luz, cortando de raíz la minería aluvial en el ingreso por Loyola al sector de San Luis.
A pesar de los logros, el Coronel Erik Erazo reconoció que la tarea no es simple. Aunque la logística que tenían los mineros ilegales, incluyendo plantas de procesamiento de oro, mercurio y combustible, ha sido desmantelada, la extensión del parque dificulta una erradicación total.
Sin embargo, aseguró que las Fuerzas Armadas tienen identificados los sectores y áreas para futuras operaciones, garantizando que la minería ilegal no volverá a operar con la misma infraestructura.
Un Llamado a la Conciencia Ciudadana y la Colaboración Interinstitucional
El Coronel Erik Erazo hizo un llamado a la conciencia ciudadana sobre la gravedad de la problemática. Subrayó que la minería ilegal no solo degrada el ambiente, sino que también está ligada a actividades ilícitas conexas como el lavado de activos, el narcotráfico y la trata de personas.
La presencia de hasta 1500 personas en el parque generaba una contaminación masiva por desechos humanos y la falta de condiciones sanitarias adecuadas.
El Coronel Erazo enfatizó que, si bien las Fuerzas Armadas cumplen su misión constitucional, la protección del Podocarpus requiere la colaboración de todas las instituciones del Estado y la ciudadanía.
La ley de fortalecimiento de áreas protegidas permite la intervención militar de forma excepcional y temporal, pero la responsabilidad de proteger este patrimonio recae en todos.
La denuncia de estas actividades ilícitas, esta tipificadas en el Código Orgánico Integral Penal, ya ha sido presentada por el Ministerio del Ambiente, abriendo la vía para acciones judiciales contra los responsables.
