Quito.- Diego Martínez, Mateo Villalba, presidente y gerente del Banco Central, respectivamente, Patricio Rivera, Coordinador de la Política Económica, Felipe León, representante de la Corporación Financiera Nacional; y María José Fernández, de la Defensoría Pública del Guayas acudieron a la Comisión de Desarrollo Económico, a fin de explicar los alcances y beneficios del proyecto de ley de cierre de la crisis bancaria de 1999, donde señalaron que existen 2 825 personas que se beneficiarían con la aprobación de este cuerpo legal, que corresponde a 5005 operaciones, con un valor de 2 693 millones de dólares.
En la reunión de trabajo, Mateo Villalba señaló que existen 19.910 bienes que asumió el Estado y que tendrán un destino productivo ya que permitirá hacer viable y justo el pago a las deudas no vinculadas, así como a los depositantes no vinculados que mantienen acreencias con la banca cerrada.
Explicó que de estos 19.910 bienes, 19.607 inmuebles son urbanos; 303 son inmuebles rurales; y, 113 bienes culturales, que pasarán a las entidades competentes, en este caso a los ministerios de Agricultura y Cultura.
Indicó que se estableció la tasa del 5% de interés tomando en cuenta la inflación, es decir, se estableció el principio de sacar la media para cubrir la línea en el tiempo; a 5 años plazo, debido a la heterogeneidad de las deudas, tomando en cuenta que la mayoría de ellas se extinguían con la entrega de los bienes; a la vez que explicó que en el pago de la deuda no se tomarán en cuenta los gastos judiciales.
Dijo que los deudores no vinculados tendrán una oportunidad histórica para cancelar sus deudas y entre los beneficios que constan en el proyecto es que si el deudor ya entregó los activos constituidos en garantía o hubiera sido embargadas para el pago de la deuda, estas quedan extintas; así mismo, si los deudores que se acogieron al recálculo, así como los garantes, serán excluidos y restablecidos de los registros de información crediticia; a la vez que se suspenden los procesos coactivos y los juicios de insolvencia o quiebra por 120 días, desde la expedición de la ley y durante el plazo pactado para el pago de la deuda.
A su vez, precisó que se establece el pago a depositantes, jubilaciones e indemnizaciones laborales, por tanto, los ecuatoriano podrán recuperar sus ahorros y acreencias que consideraban perdidas, por ello en la normativa se determina que el Banco Central del Ecuador realizará el pago de las acreencias de personas naturales y jurídica, hasta por un monto de 75 mil dólares, que corresponde a 44.921 depósitos, es decir, el 93% de los depósitos.
Por su parte, Diego Martínez, aclaró que las acreencias que superan los 75 mil dólares, que corresponden a 59 personas, por un valor de 15 millones de dólares no se les devolverá los recursos económicos, pues son personas pudientes que en su época acumularon depósitos en bancos manejados de manera cuestionable y que ofrecían tasas exuberantes.
Entre tanto, Felipe León de la Corporación Financiera Nacional, subrayó que el saldo de capital la banca cerrada asciende aproximadamente a 200 millones de dólares, distribuidos aproximadamente a 800 clientes.
Si sumamos la tasa de interés y el interés por mora alcanza los 300 millones de dólares, es decir, se duplica el capital como saldo que tiene esta entidad, es por ello que al tratarse en esta ley de una reducción de la tasa al 5%, el impacto va a ser bastante favorable para todos aquellos deudores que han demostrado esa buena voluntad para realizar los pagos tanto al Banco Central como a la CFN.
Patricio Rivera, Coordinador de la Política Económica, señaló el marco normativo propuesto por el Ejecutivo beneficiará a los perjudicados que por años venían luchando por pagar sus deudas y en otros casos para devolver las acreencias a otro grupo de personas que igualmente fueron afectados por la banca cerrada.
El funcionario de Estado, anticipó que en política pública realizarán un trabajo integral que permita realizar un diagnóstico de qué es lo que ha venido funcionando mal en el área financiera a fin de tomar los correctivos adecuados, por ello, adelantó que seguramente en los próximos días el Mandatario remitirá a la Asamblea Nacional un proyecto de ley que incluye una propuesta de cambio importante en toda la estructura de la banca en el Ecuador y que tiene que ver con el Código Orgánico Monetario Financiero que tiene por objetivo poner en orden toda la estructura y el manejo de la gestión financiera en el economía ecuatoriana.
Los comisionados también escucharon a María José Fernández, de la Defensoría del Guayas quien señaló que la sustanciación del expediente que se manejó en la Defensoría se lo hizo con un enfoque de derechos humanos, por lo que el Estado tiene la obligación de repararla.
Indicó que el día de ayer se culminó con la sustanciación del expediente defensorial y se determinó que si existió vulneración de derechos humanos, por ello, pidió al organismo legislativo que toda la parte resolutiva y los considerandos sean tomados en cuenta, no solo con un fin técnico, financiero económico sino por el matiz de defender los derechos humanos.
