Quito. (Pablo Sanmartín Rodríguez).- El proyecto de Ley de Procedimientos Eutanásicos, en trámite para primer debate en la Comisión del Derecho a la Salud, continúa su fase de análisis con la comparecencia de especialistas en bioética, medicina interna y cuidados paliativos, quienes aportaron criterios técnicos y conceptuales al proceso legislativo.
Durante la sesión, el doctor en Filosofía Miguel Pastorino, desde Uruguay, advirtió que en América Latina persiste una confusión conceptual en torno a la eutanasia. Señaló que prácticas médicamente aceptadas —como la adecuación del esfuerzo terapéutico, el retiro de soportes vitales, las voluntades anticipadas o la sedación paliativa— suelen ser catalogadas erróneamente como eutanasia.
Pastorino precisó que la eutanasia se define exclusivamente como la acción directa destinada a provocar la muerte de una persona en contexto médico y con su consentimiento. Añadió que dicha práctica no constituye un derecho humano y sostuvo que el deseo de morir suele disminuir cuando existen cuidados paliativos adecuados y accesibles.
Debate sobre autonomía y marco legal
El asambleísta Jorge Tamayo planteó interrogantes respecto a la manifestación de voluntad en casos donde el paciente no puede expresar su decisión. En respuesta, se expuso la experiencia uruguaya, que contempla marcos normativos como la ley de voluntades anticipadas y el acceso universal a cuidados paliativos, instrumentos orientados a garantizar la dignidad sin recurrir a la eutanasia.
Por su parte, la médica colombiana María Cristina Cervantes advirtió sobre inconsistencias éticas en diversos proyectos de “muerte digna”. Subrayó que la dignidad es inherente al ser humano y que no debe reducirse a la posibilidad de solicitar la eutanasia. Señaló que la verdadera autonomía requiere acceso efectivo a tratamientos médicos y cuidados paliativos integrales.
Asimismo, alertó sobre eventuales riesgos jurídicos, como consentimientos verbales insuficientemente regulados, aceleración de procedimientos y la inclusión de equipos paliativos en prácticas cuyo objetivo sea provocar la muerte, recordando que la medicina paliativa busca aliviar el sufrimiento, no causarlo.
Cuestionamientos sobre regulación y control
La asambleísta Cristina Jácome manifestó preocupación por la eventual participación de clínicas privadas en estos procedimientos, advirtiendo sobre el riesgo de mercantilización en decisiones relacionadas con el final de la vida.
En la misma línea, Viviana Dávalos, PhD en Ciencias Médicas y máster en Atención Paliativa, enfatizó la necesidad de precisión terminológica en el debate legislativo. Reiteró que la eutanasia no incluye la omisión o retiro de tratamientos desproporcionados, ni la sedación paliativa o la adecuación del esfuerzo terapéutico, prácticas reconocidas dentro de la buena praxis clínica.
Finalmente, los especialistas coincidieron en que el respeto a la autonomía exige sistemas robustos de decisiones anticipadas y acceso universal a cuidados paliativos, condiciones que permitirían decisiones informadas, libres y responsables al final de la vida.
