Quito.- (Pablo Sanmartín Rodríguez).- La Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana avanza en la construcción del proyecto para erradicar el reclutamiento infantil y adolescente en Ecuador. Durante la última sesión, delegados del Ministerio del Interior y la Vicepresidencia de la República expusieron la urgencia de blindar a los menores frente al avance de los grupos de delincuencia organizada (GDO).
Durante la sesión, Paola Escobar, delegada del Ministerio del Interior, y Diego Cisneros, asesor de la Vicepresidencia de la República, expusieron los alcances del proyecto, que propone un abordaje integral del fenómeno.
Un enfoque integral: Prevención, Seguridad y Justicia
La iniciativa no busca ser únicamente punitiva. Según Diego Cisneros, asesor de la Vicepresidencia, el proyecto para erradicar el reclutamiento infantil se sostiene sobre un sistema nacional articulado en tres ejes: prevención social, seguridad estratégica y justicia efectiva.
Para lograrlo, la propuesta plantea reformas integrales a múltiples cuerpos legales, entre los que destacan:
Código de la Niñez y Adolescencia: Para fortalecer el entorno de protección.
COIP: Para ampliar los tipos penales y endurecer sanciones.
LOEI y Ley de Salud Mental: Para garantizar la detección temprana de vulnerabilidades en las aulas y apoyo psicológico especializado.
El reto de tipificar el «uso y utilización»
Uno de los puntos más críticos discutidos es la necesidad de reformar el Código Orgánico Integral Penal (COIP). El proyecto para erradicar el reclutamiento infantil busca que la ley no solo sancione la captación forzada, sino también el «uso y utilización» de menores.
«Lo que se debe hacer es sancionar con mayor rigurosidad al reclutador», enfatizó Paola Escobar, delegada del Ministerio del Interior. Esta distinción es vital, ya que busca castigar a quienes emplean a niños para cometer delitos, se benefician de su participación o los instrumentalizan, incluso sin que medie un reclutamiento formal previo.
Mapa de vulnerabilidad y rehabilitación
Desde el Comité COPRUNNA se ha trabajado en un mapa de vulnerabilidad que identifica las zonas del país donde los niños son más propensos a ser captados por bandas criminales. El proyecto para erradicar el reclutamiento infantil contempla acciones priorizadas en estos sectores, incluyendo:
Programas de desvinculación: Procesos de rehabilitación específicos para menores.
Medidas socioeducativas: Herramientas para la adecuada reincorporación a la sociedad.
Acción deliberada: Estrategias para neutralizar la captación «voluntaria» inducida por la falta de oportunidades.
La normativa, que cuenta con el respaldo de 13 instituciones y organismos internacionales, busca frenar el deterioro del tejido social y asegurar que la infancia deje de ser el objetivo de la criminalidad organizada en el territorio nacional.
