Quito.- La Comisión de Niñez fortalece el enfoque preventivo en salud mental infantil tras recibir aportes técnicos de expertos en el marco del análisis del Proyecto de Ley Orgánica de Promoción, Prevención y Atención Psicosocial para Niñas, Niños y Adolescentes.
Durante la sesión de comisión general, participaron Rhonal Andrade, especialista en derechos humanos; José Chiriboga, psicólogo experto en niñez y adolescencia; y Carla Navia, docente de la Universidad Técnica de Manabí, quienes presentaron observaciones orientadas a consolidar un modelo preventivo, comunitario y basado en derechos.
Rhonal Andrade destacó que el proyecto representa una oportunidad histórica para que el Estado transite de un enfoque reactivo y sancionador hacia uno preventivo y centrado en la vida, garantizando el derecho a la salud mental como parte integral de los derechos humanos. Subrayó que la norma debe definirse claramente como complementaria y especializada, a fin de evitar duplicidades con la Ley de Salud Mental y enfocarse en la promoción, prevención y atención psicosocial no clínica.
Asimismo, enfatizó la necesidad de incorporar la psicoeducación en la malla curricular como una estrategia de prevención primaria frente a problemáticas como el suicidio, el consumo de sustancias y el embarazo adolescente, sin sustituir la atención clínica. También propuso fortalecer el trabajo interdisciplinario obligatorio entre los sistemas de educación, salud y protección de derechos, reforzar el rol del trabajador social en territorios vulnerables, garantizar la supervisión profesional de practicantes de psicología y dotar de carácter vinculante y transparente al Consejo Consultivo de Veeduría Ciudadana.
Por su parte, José Chiriboga señaló que la propuesta se alinea con los estándares internacionales y el modelo comunitario promovido por la OMS y Naciones Unidas, aclarando que los tamizajes psicosociales deben servir exclusivamente para la detección temprana y la activación de rutas de derivación, y no como mecanismos de control.
El especialista advirtió además sobre la importancia de fortalecer la protección integral de niños, niñas y adolescentes, mejorar los sistemas de información en salud —especialmente en indicadores críticos como el suicidio— y reforzar la institucionalidad de la autoridad de control para combatir centros ilegales y malas prácticas. En este contexto, recomendó consolidar el Consejo Consultivo de Salud Mental como un puente efectivo entre la ciudadanía y el Estado, impulsar campañas de información y garantizar mecanismos seguros de denuncia.
Finalmente, Carla Navia resaltó que integrar la educación en salud mental como componente obligatorio del sistema educativo es una prioridad para el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes, al tratarse de una etapa clave para la construcción de bases emocionales sólidas frente a escenarios de incertidumbre social.
Recalcó que la formación debe trascender lo teórico y avanzar hacia la aplicación práctica, mediante la enseñanza de protocolos de atención primaria y primeros auxilios psicológicos, que faciliten la contención emocional, la detección temprana y el acceso oportuno a los servicios del Estado. En esta línea, subrayó la importancia de fortalecer el rol de la comunidad y de las políticas sociales para garantizar la sostenibilidad y el impacto real de las acciones en salud mental.
