Loja, (Lindon Sanmartín Rodríguez).- En una reciente emisión del noticiero Prensa Radial Noticias Planeta al Día, los periodistas Pablo Sanmartín Rodríguez y Lindon Sanmartín Rodríguez, bajo la alianza informativa de Diario La Hora, S. R. Radio y Radio Planeta 106.1, lanzaron una contundente alerta sobre una nueva amenaza a la institucionalidad de Loja. La denuncia se centra en el accionar del Dr. Max Patricio Brito Ceballos, actual juez de la Corte Provincial de Justicia de Loja.
Según documentos obtenidos por esta alianza, el magistrado habría solicitado al Consejo de la Judicatura el traslado de su partida presupuestaria hacia el cantón Rumiñahui, en Pichincha.
Lo alarmante del caso es que, para justificar su pretensión personal, el juez califica como «excedente» su propia plaza en Loja, contraviniendo la realidad de la carga procesal del distrito judicial de Loja.
Los periodistas Pablo y Lindon Sanmartín Rodríguez, invitan a la ciudadanía a defender la institucionalidad de la provincia de Loja, ante la posibilidad de desaparecer la sala especializada de los Civil y Mercantil de este distrito.
Se denuncia una política previa de desmembración de instituciones y la importación de personal foráneo para ocupar cargos, incluso de gobernación como se dió en años anteriores, bajo la premisa de que los lojanos carecen de probidad e idoneidad.
Esta situación, según los analistas, contamina el nivel institucional, especialmente tras la llegada de jueces de otras provincias al distrito de Loja, algunos de los cuales son cuestionables.
El caso del Juez Max Brito y su solicitud de traslado
La semana pasada, los comunicadores tuvieron acceso a documentación sobre el accionar del Dr. Max Patricio Brito Ceballos, juez de la Sala Especializada de lo Civil, Mercantil, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia de Loja.
Se critica la «denigración» de la Corte Superior de Justicia y la «redacción infantil» de algunos jueces. El juez Brito solicita el cambio de su partida de Loja al cantón Rumiñahui, provincia de Pichincha, con la intención de llevarse la partida presupuestaria, lo que se interpreta como un intento de destruir el poder institucional de la provincia.
Argumentos del juez y la crítica a su evaluación de la justicia
El juez Brito, asumiendo funciones de evaluador de la justicia de Loja, determina que la capacidad de resolución es del 52%, calificándola de baja. Afirma que el número óptimo de jueces es seis, que no hay jueces faltantes y que hay un juez excedente, refiriéndose a sí mismo.
Su argumento es que, al ser excedente, puede trasladarse a Rumiñahui para estar cerca de su familia, llevando consigo la partida presupuestaria del séptimo juez.
Esta acción es vista como un interés personal que busca evitar el «dispendio económico del Estado ecuatoriano».
La «picardía» detrás del traslado y la falta de probidad
Los analistas señalan que la verdadera razón del traslado del juez Brito es ocupar una vacante en Rumiñahui dejada por el fallecimiento de una funcionaria, sin someterse a un concurso de méritos y oposición.
Se argumenta que el juez carece de la capacidad, probidad e idoneidad para concursar, lo que se evidencia en la «mala redacción» de su oficio dirigido al economista Damián Larco Guamán, presidente del Consejo de la Judicatura. Se compara su redacción con la de un niño de primer grado, lo que lo descartaría en cualquier concurso.
La defensa de la institucionalidad lojana y el llamado a la renuncia
Se enfatiza que las situaciones personales no deben modificar el poder institucional del Estado.
Se insta al juez Brito a renunciar a su cargo en Loja y presentarse a un concurso de méritos y oposición en el distrito judicial del cantón Rumiñahui, en lugar de intentar llevarse la partida presupuestaria.
Se critica que su accionar destruye la seguridad administrativa del Poder Judicial de Loja. Se recuerda la tradición jurídica elevada de Loja y su legado federal, que debe ser respetado.
Cuestionamiento a la carga procesal y la negligencia
El juez Brito argumenta que la carga procesal en Loja es baja, basándose en «estudios jurimétricos» que los analistas califican de «mamotreto de documento». Se explica que un juicio no termina con la sentencia, sino que implica un seguimiento continuo, apelaciones e incidencias, lo cual no es considerado en su análisis.
Se sugiere que el juez podría tener una carga procesal retrasada, lo que indicaría negligencia e inoperancia, y que su solicitud de traslado es una «argucia» para evitar sus responsabilidades.
Pronunciamiento de la Corte Superior de Justicia de Loja
Se informa que el pleno de la Corte Superior de Justicia de Loja ha rechazado la pretensión del juez Brito de llevarse la partida presupuestaria.
Se ha solicitado al presidente del Consejo Nacional de la Judicatura que no suprima ninguna partida de jueces ni tribunales en Loja.
Además, se ha pedido al departamento de estudios jurimétricos que corrija sus informes para ajustarse a la realidad de los hechos y que dialogue con los jueces para comprender la dinámica de los procedimientos.
Llamado a la evaluación y defensa de Loja
Se solicita públicamente al director de la Judicatura que realice una evaluación del trabajo del Dr. Max Brito antes de que se concrete cualquier cambio, incluyendo su carga procesal cuando fue juez de primer nivel en el cantón Mejía.
Se reitera la importancia de defender el poder institucional de Loja, que tiene características republicanas y federales, y que no debe ser disminuido por intereses particulares.
Se invita al Dr. Gonzalo Aguirre, presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados de Loja, a elevar su voz de protesta y se pide la restitución de partidas presupuestarias para jueces lojanos que fueron separados arbitrariamente.
La importancia de la institucionalidad sobre los intereses personales
Se concluye que las necesidades particulares de un juez no pueden alterar la función judicial ni la estructura institucional del Estado.
Se enfatiza que el deber de estado es mantener y fortalecer la institucionalidad.
Se advierte que, si no se defiende el poder institucional de Loja, la provincia podría perder capacidades y servicios, como ya ocurrió con el Registro Civil y los pasaportes.
Se invita al Dr. Max Patricio Brito a intervenir en el medio para argumentar su posición, siempre basándose en el documento que él mismo presentó.
