Quito.- (Diario HOY).- Fundamedios planteó una acción de protección con la que se busca revocar la decisión del presidente de que sus ministros no concedan entrevistas a medios privados nacionales
Los 82 días que han transcurrido hasta hoy sin que los ministros de Estado concedan entrevistas a medios privados podrían detenerse.
Ayer, con la esperanza de revocar por la vía legal la disposición del presidente que prohibe que los ministros hablen con medios privados, llegó César Ricaurte, director de Fundamedios, al Palacio de Justicia de Quito.
En el informe sabatino del pasado 16 de junio, el jefe de Estado expresó su negativa a que los ministros de su Gabinete, secretarios y altos funcionarios de Gobierno den entrevistas a medios de comunicación privados.
«¿Por qué un ministro -dijo Correa- tiene que ir a una entrevista a Ecuavisa, a Teleamazonas, para mejorar el negocio del señor Alvarado Roca o de Fidel Egas?.»
Video cortesía ECUAVISA
En base a esas reflexiones, COrrea anunció su decisión, que entonces era solo una amenaza.
Según Correa, cada vez que una persona mira un noticiero o compra un periódico ayuda a monopolios familiares.
Ayer, Ricaurte llegó al complejo judicial con un carpeta que se desbordaba de papeles, solo cinco minutos después de Santiago Guarderas, decano de Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica de Quito.
El instrumento al que Ricaurte recurre es un pedido de acción de protección que despachará Sara Yépez, jueza Décimo Segunda de la Niñez de Pichincha.
En las 10 páginas en las que se explica la demanda se invocan derechos humanos y universales como las libertades de información y expresión que se estarían violando durante el tiempo en que los ministros han negado entrevistas.
«Con esta acción -dijo Ricaurte- queremos proteger los derechos de los ciudadanos».
Según el comunicador, la prohibición acarrea una restricción a la libertad que tiene toda persona a ser informada por las autoridades de Gobierno.
También acudieron dos estudiantes del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica, que son parte el grupo que asiste legalmente este pedido.
Guarderas, como representante de la institución, aseguró que tiene confianza en que la resolución de la jueza sea favorable, pues en la demanda están en juego derechos consagrados en la Constitución vigente.
Sin embargo, no excluyó la posibilidad de que, en caso que sea negada la acción de protección, se plantee una demanda de inconstitucionalidad.
«Los ministros deben respetar los derechos constitucionales -indicó Guarderas-. Deben hacer posible que los ciudadanos accedan, a través de cualquier fuente que elijan, a los asuntos que son de interés público». (SO).
