Quito. (Lindon Sanmartín Rodríguez).- La Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana recibió al constitucionalista Pablo Proaño para analizar aspectos relacionados con la recusación de jueces, el abuso del derecho y la imparcialidad judicial, en el marco del tratamiento de un proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.
Durante su exposición, Proaño señaló que, desde el 13 de septiembre de 2019, la Corte Constitucional no ha aceptado ninguna recusación presentada contra sus jueces.
El experto explicó que la recusación es un mecanismo procesal que busca apartar a un juez del conocimiento de una causa cuando existen circunstancias que podrían comprometer su imparcialidad.
Proponen cambios a las recusaciones
Proaño se refirió también a las causas 41-22-IN y 71-21-IN, en las que, según expuso, los abogados que presentaron las recusaciones fueron señalados por supuesto abuso del derecho. Añadió que uno de ellos recibió una sanción del Consejo de la Judicatura.
De acuerdo con el constitucionalista, en estos casos se habría considerado como abuso del derecho el planteamiento de discrepancias de carácter jurídico.
Durante su intervención, también señaló que la Corte Constitucional incorporó restricciones para la presentación de recusaciones mediante una reforma a su reglamento. A criterio de Proaño, estas disposiciones limitan las acciones de quienes intervienen en los procesos.
Reforma plantea reglas sobre imparcialidad judicial
El experto identificó tres aspectos que podrían incorporarse en la reforma: la recusación por interés directo o indirecto de los jueces, las relaciones funcionales reales y la intervención previa de los magistrados en las causas.
La propuesta también contempla establecer reglas operativas para regular las respuestas de la Corte Constitucional frente a las solicitudes de recusación.
Al finalizar la exposición, la presidenta de la Comisión de Transparencia, Diana Jácome, consideró pertinentes las observaciones presentadas durante la sesión y cuestionó la existencia de mecanismos de control sobre las actuaciones de la Corte Constitucional.
La Comisión continuará con el análisis del proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.
