Quito.- (Pablo Sanmartín Rodríguez).- Con ocho votos afirmativos, la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa aprobó el informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), calificado como urgente en materia económica.
La iniciativa plantea incorporar reglas fiscales orientadas a priorizar la inversión pública, el mantenimiento de infraestructura y la provisión eficiente de servicios en los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).
Cambios en la asignación presupuestaria
El proyecto reforma el artículo 192 del COOTAD para precisar que los GAD participarán del 21 % de los ingresos permanentes y del 10 % de los ingresos no permanentes del Presupuesto General del Estado, condicionado al cumplimiento de una regla de asignación mínima prioritaria.
Esta disposición establece que los gobiernos provinciales y municipales deberán destinar al menos el 70 % de su presupuesto anual codificado de egresos no financieros a inversión, mantenimiento y reposición de infraestructura, bienes y activos públicos directamente vinculados a la prestación de servicios.
Además, se redefinen los grupos de inversión y se incorpora una nueva categoría: “Contratación de Estudios, Investigación y Servicios Técnicos Especializados”.
Transparencia y control fiscal
En materia de transparencia, la reforma al COOTAD prioriza inversión en los GAD mediante la obligación de publicar trimestralmente en los portales institucionales el indicador de gasto y las acciones adoptadas para cumplir la regla fiscal.
El ente rector de las finanzas públicas deberá elaborar informes trimestrales de seguimiento y, en caso de incumplimiento, aplicar los porcentajes constitucionales de asignación e informar a la Contraloría General del Estado.
Aplicación gradual hasta 2028
Las disposiciones transitorias contemplan una implementación progresiva:
2026: seguimiento desde el 1 de diciembre, verificando al menos el 65 % desde el 1 de junio.
2027: cumplimiento mínimo del 68 %.
Desde 2028: aplicación plena del 70 %.
También se prevé la emisión de lineamientos técnicos para estandarizar anexos presupuestarios y un régimen especial para el presupuesto prorrogado de 2027.
Postura de la Comisión
El asambleísta Diego Franco, presidente encargado de la Comisión, afirmó que la propuesta no reduce la autonomía ni los recursos de los GAD, sino que ordena el uso responsable de los fondos públicos y prioriza los servicios básicos.
Señaló que durante el proceso de análisis —que incluyó 122 sesiones de trabajo— se evidenció una gestión desorganizada en varios gobiernos locales, lo que ha derivado en cantones que aún carecen de agua potable, alcantarillado y vialidad adecuada.
Franco sostuvo que el país requiere eficiencia, transparencia y resultados inmediatos en los territorios, priorizando servicios esenciales sin desconocer la importancia de la cultura y las festividades. Concluyó que la normativa establece reglas claras para que la prioridad sea la ciudadanía y no las autoridades de turno.
