Quito. (Pablo Sanmartín Rodríguez).- Durante el análisis del informe para segundo debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, la Comisión de Desarrollo Económico recibió a representantes del sector automotriz y de las escuelas de conducción, quienes presentaron observaciones y propuestas enfocadas en la modernización del sistema y la simplificación de trámites.
El presidente de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, Genaro Baldeón, solicitó que la reforma vial priorice la modernización del sector y reduzca las cargas administrativas. Además, cuestionó requisitos como los informes de necesidad y factibilidad para el transporte comercial, al considerar que generan discrecionalidad y posibles actos de corrupción.
Baldeón sostuvo que las actividades privadas deben desarrollarse bajo las dinámicas de oferta y demanda, sin nuevas restricciones regulatorias que afecten la competitividad del sector.
Por su parte, David Molina, presidente de la Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana, pidió que las modificaciones a la Ley de Tránsito no perjudiquen la producción nacional ni la competitividad empresarial. Explicó que la regularización de vehículos de tres ruedas homologados para carga permitiría reemplazar prácticas informales e inseguras, beneficiando a pequeños productores y emprendedores.
Asimismo, defendió mantener sin cambios las disposiciones relacionadas con el transporte por cuenta propia y el renting o alquiler de vehículos, argumentando que nuevas regulaciones podrían incrementar la burocracia y dificultar las actividades logísticas y productivas.
En la sesión también intervino Paco Urrutia, presidente de la Federación de Escuelas de Conducción no Profesionales, quien señaló que las reformas deben responder a la realidad social y rural del país. En ese contexto, propuso revisar los requisitos educativos para acceder a licencias no profesionales, ya que, según indicó, mayores exigencias de escolaridad excluyen a ciudadanos de zonas rurales y fomentan trámites irregulares.
Urrutia también planteó cambios en los procesos de capacitación, costos y horas obligatorias de formación, al considerar que varias disposiciones actuales carecen de sustento técnico y han favorecido la proliferación de escuelas ilegales y actos de corrupción vinculados a la obtención de licencias de conducir.
