Loja. (Pablo Sanmartín Rodríguez).- En la Asamblea Nacional del Ecuador se tramitan nuevas reformas al Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD), que podrían redefinir las competencias de los gobiernos municipales en materia de uso de suelo.
De acuerdo con el análisis de los periodistas del noticiero Prensa Radial y noticias Planeta Al Día, Pablo Sanmartín Rodríguez y Lindon Sanmartín Rodríguez, estas modificaciones plantean trasladar parte del control territorial a la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, limitando la autonomía de los municipios.
Las reformas al COOTAD reflejan una tensión estructural entre descentralización y control estatal en Ecuador. Si bien los gobiernos autónomos descentralizados fueron concebidos para gestionar el desarrollo territorial, la falta de planificación técnica y los casos de uso indebido del suelo han generado cuestionamientos sobre su eficiencia.
El posible traslado de competencias hacia una entidad nacional apunta a reducir riesgos asociados a construcciones en zonas no aptas, lo que tiene implicaciones directas en la seguridad ciudadana, la sostenibilidad urbana y la protección del patrimonio familiar.
Desde el punto de vista económico, la implementación de estudios técnicos obligatorios podría elevar los costos iniciales de inversión inmobiliaria, pero al mismo tiempo reducir pérdidas a largo plazo por daños estructurales o desastres naturales.
Asimismo, la centralización de registros de propiedad y control territorial podría combatir fenómenos como el tráfico de tierras y el enriquecimiento ilícito, fortaleciendo la transparencia en el mercado inmobiliario.
No obstante, expertos advierten que una excesiva centralización podría ralentizar procesos administrativos y afectar la autonomía municipal, generando nuevos cuellos de botella burocráticos si no se implementan mecanismos eficientes.
El debate también se enmarca en la necesidad de optimizar el gasto público municipal, destacando la regla del 70/30 (inversión vs. gasto corriente), como una medida para impulsar el desarrollo local y reducir estructuras administrativas sobredimensionadas.
