Loja.- (Pablo Sanmartín Rodríguez).- La Asamblea Nacional del Ecuador aprobó reformas al Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD), ratificando la obligación de que los gobiernos autónomos descentralizados destinen el 70% de sus recursos a inversión en obra pública y solo el 30% a gasto corriente. La medida, que ya constaba en la normativa original, busca corregir distorsiones acumuladas durante más de una década en la administración municipal.
El análisis fue desarrollado en el programa Expresión Polítika, transmitido por la alianza informativa de Diario La Hora, S. R. Radio y Radio Planeta 106.1 FM, donde el economista Osvaldo Burneo Castillo calificó la reforma como “radical y dolorosa, pero necesaria”.
Distorsión del municipalismo
Según Oswaldo Burneo Castillo, el municipalismo ecuatoriano perdió su finalidad original tras la Asamblea Constituyente de Ecuador 2008, cuando se redefinieron competencias y se creó un marco normativo que, en la práctica, careció de control efectivo.
La norma establecía que las transferencias del Gobierno Central debían distribuirse bajo el esquema 70/30: inversión física frente a gasto corriente. Sin embargo, en muchos municipios —según el análisis expuesto— el gasto administrativo superó ampliamente el límite permitido, incluso duplicando o quintuplicando los porcentajes previstos.
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El resultado: incremento de burocracia, expansión de roles de pago y reducción de recursos disponibles para infraestructura básica.
Gasto corriente y burocracia
Uno de los puntos centrales del debate fue el crecimiento del aparato administrativo municipal, incluyendo mecanismos como la tercerización para inflar estructuras operativas. De acuerdo con el economista Oswaldo Burneo Castillo, el presupuesto de varios cabildos terminó comprometido en nómina, dejando sin capacidad de acción a las autoridades para ejecutar obras.
El problema, sostiene, no es exclusivamente de ingresos, sino de asignación y disciplina fiscal. En el caso del cantón Loja, se mencionó que un presupuesto anual cercano a 75 millones de dólares podría traducirse en más de 50 millones para inversión si se aplicara estrictamente la fórmula 70/30.
La reforma, por tanto, no introduce un nuevo principio, sino que refuerza el cumplimiento obligatorio de uno ya existente.
Contexto histórico y modelo económico
El análisis también vinculó la crisis municipal con el modelo de gasto expansivo aplicado desde 2007, favorecido por el auge petrolero. Durante ese período, se ejecutaron proyectos de infraestructura bajo modalidades de contratación por emergencia, debilitando controles y sostenibilidad fiscal.
Tras la caída del precio del crudo en 2014, el país entró en déficit estructural y aceleró su endeudamiento, afectando también a los gobiernos seccionales.
Autonomía y responsabilidad
Oswaldo Burneo Castillo cuestionó la interpretación política del concepto de autonomía municipal, señalando que esta no implica ausencia de control ni libertad irrestricta de gasto. En su criterio, la autonomía debe sustentarse en sostenibilidad financiera y coordinación institucional con el Estado central.
La reforma al COOTAD, desde esta perspectiva, obliga a redefinir el discurso político local. Los candidatos deberán presentar planes coherentes con un esquema de inversión prioritaria, limitando ofertas inviables financiadas con gasto corriente.
Impacto político
La nueva disposición coloca a los gobiernos municipales frente a un punto de inflexión: reorganizar estructuras administrativas, revisar nóminas y priorizar proyectos estratégicos.
Más allá del debate ideológico, la medida introduce una restricción fiscal clara que redefine la planificación territorial y obliga a una gestión basada en resultados tangibles.
