Quito. (Lindon Sanmartín Rodríguez).- Registro Civil pide ley por identidad de género en Ecuador para cumplir con el reciente fallo de la Corte Constitucional, que abre la posibilidad de modificar el género en documentos de identidad para menores de 18 años.
La solicitud se dio en el marco de la fiscalización iniciada el 16 de marzo de 2026 por la Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional, que analiza los efectos de la sentencia en el ámbito social y administrativo.
Durante la sesión, la asambleísta Diana Jácome, de Acción Democrática Nacional (ADN), aclaró que el objetivo no es cuestionar la decisión judicial, sino evaluar su impacto futuro. “No hay una intención de interferir en decisiones judiciales, pero este fallo ha incidido en el debate nacional”, señaló.
El fallo, publicado el 10 de marzo, establece que no se puede negar automáticamente a adolescentes la solicitud de cambio de identidad de género, lo que extiende sus efectos a casos similares en todo el país.
Para abordar el tema, la comisión convocó a diversas instituciones, entre ellas el Registro Civil, directamente involucrado en la aplicación de la sentencia. En representación de la entidad, la asesora jurídica María José Rentería expuso los desafíos que implica implementar la disposición.
Según explicó, el fallo establece que el Registro Civil deberá evaluar cada solicitud considerando la autorización de los representantes legales del menor y la realización de pruebas psicosociales que acrediten su madurez. Sin embargo, advirtió que existen vacíos en la normativa que dificultan su aplicación.
Entre las interrogantes planteadas están la necesidad de contar con el consentimiento de ambos representantes legales, qué ocurre en caso de desacuerdo y quién asumirá los costos de las evaluaciones requeridas.
La funcionaria sostuvo que cumplir con la sentencia implica reformas legales que exceden las competencias administrativas del organismo, por lo que solicitó a la Asamblea la aprobación de una ley que regule estos procedimientos de manera clara.
El debate se enmarca en una discusión más amplia sobre derechos, protección de menores y seguridad jurídica, mientras el Legislativo avanza en la evaluación de posibles reformas.
