Quito.- El sector productivo empresarial expresó su profunda preocupación y rechazo frente a la reciente decisión de la Corte Constitucional (CC) que impide al Estado concesionar servicios de energía eléctrica a la empresa privada, una medida que, a criterio de distintos gremios, limita la capacidad de respuesta del país ante una necesidad urgente y estratégica.
Desde el inicio del Gobierno del presidente de la República, Daniel Noboa Azin, se han impulsado acciones concretas y dentro del marco constitucional para garantizar la sostenibilidad del sistema eléctrico nacional, el cual fue recibido en condiciones precarias producto de una gestión negligente en años anteriores. Sin embargo, este sábado 10 de enero de 2026, la Corte Constitucional adoptó una resolución que, según el sector empresarial, frena estas iniciativas y afecta directamente la estabilidad energética del Ecuador.
Diversos representantes del sector productivo e industrial alertaron que esta decisión se traduce en incertidumbre para las familias ecuatorianas y para el aparato productivo del país.
La Cámara de Comercio de Quito señaló que el fallo genera serios impedimentos en un momento en el que Ecuador requiere soluciones estructurales para garantizar un abastecimiento eléctrico sostenible y eficiente.
En la misma línea, su presidenta, Mónica Heller, afirmó que la resolución “no ayuda al país” y detiene los cambios que Ecuador necesita para avanzar.
El Consejo Empresarial Ecuatoriano Panameño (CEEP) reafirmó la importancia de contar con un entorno que promueva la inversión privada, el trabajo conjunto entre el sector público y privado, y la adopción de decisiones orientadas al crecimiento económico, la generación de empleo y la sostenibilidad del país.
Por su parte, la Cámara de Industria Automotriz Ecuatoriana (CINAE) calificó el accionar de la Corte como “un retroceso que restringe aún más la participación privada en el sector eléctrico”, señalando además que se trata de una interpretación restrictiva del principio de excepcionalidad, lo que limita la capacidad del Ejecutivo para reaccionar frente a una necesidad nacional prioritaria.
A este pronunciamiento se sumó la Cámara de Industrias y Producción, que consideró el fallo “grave para el país”, al advertir que pone en riesgo el suministro eléctrico y la competitividad nacional ante un eventual retorno de los apagones.
De igual manera, la Asociación de Exportadores de Plátano (Asoexpla) advirtió que la medida afecta directamente a la competitividad, la producción y las exportaciones, al debilitar la inversión privada en el sector eléctrico. Según el gremio, esto impacta negativamente en la confianza, la seguridad jurídica y la capacidad del país para sostener su desarrollo productivo.
En consonancia con la postura del sector productivo, el Gobierno Nacional reiteró su rechazo a la decisión adoptada por la Corte Constitucional, subrayando que el Ecuador requiere instituciones responsables y diligentes que actúen con visión de país frente a las urgencias de la sociedad.
