Quito.- (Diario LA HORA).- La Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional inició talleres de socialización sobre el proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial, Gestión y Uso del Suelo.
Por lo pronto, la Comisión cuenta como herramienta de trabajo un borrador del proyecto de Ley producto de la consultoría realizada con financiamiento de la Unión Europea.
En el borrador de este proyecto, que servirá para definir la normativa, se establecen los instrumentos de ordenamiento territorial, las características de los planes de ordenamiento urbanístico, el procedimiento y las competencias de aprobación de los planes, entre otros aspectos.
Los aspectos polémicos
En el Capítulo V de este borrador se establecen dos entes de control: la Junta Reguladora de Territorio y Suelo y la Superintendencia del Territorio y el Suelo.
La Junta estará integrada por la máxima autoridad del Ministerio o ente rector de la política del hábitat y vivienda, quien la presidirá con voto dirimente; también por la máxima autoridad de los entes de planificación nacional y de ambiente; y por la máxima autoridad de cada nivel de gobierno local.
Entre sus atribuciones consta la de aprobar las normas técnicas que sean de cumplimiento obligatorio para los planes de ordenamiento territorial y urbanístico, las intervenciones sobre el territorio, las obras de urbanización y edificación; aprobar soluciones de ordenamiento de zonas homogéneas y otras ordenanzas, tipo de gestión y uso de suelo; aprobar guías metodológicas y otros instrumentos técnicos que sirvan de referencia y apoyo a los gobiernos autónomos descentralizados, entre otros.
Mientras, entre las competencias que se le otorgarán a la Superintendencia están: controlar la legalidad del ordenamiento territorial, ejercer las competencias sancionadoras y elaborar un informe anual de sus actividades.
Su titular será nombrado entre personas que tengan título de tercer o cuarto nivel con al menos 10 años de experiencia en ordenamiento territorial o la gestión del suelo. Durará cinco años en el cargo, que no será renovable.
Las reacciones
Para Paco Moncayo, exalcalde de Quito, el proyecto es inconstitucional, ya que “viola principios fundamentales de las autonomías recogidas en la Constitución y en el actual Código de Ordenamiento Territorial”. Añadió que si se llega a aprobar significaría un retroceso histórico para los municipios, que verían mermada su capacidad de toma de decisiones. “Es otro más de los procesos centralizadores de un Gobierno que quiere acaparar todos los poderes”, comentó Moncayo. Recordó que no puede existir una Superintendencia que esté por encima de los municipios que tienen autonomía administrativa.
Por su parte, Víctor Quirola, quien en mayo asumirá la Alcaldía de Santo Domingo, dijo que apenas asuma el cargo revisará la propuesta del proyecto ya que considera que como está redactado se iría contra las municipalidades. Quirola dijo que una cosa es incidir en reordenamiento territorial a nivel macro, pero otra incidir en políticas de gestión local. “Eso no sería saludable para el país ya que se va contra la autonomía de los municipios”, añadió.
Richard Calderón (PAIS), presidente de la Comisión, en entrevista a Radio Sonorama, defendió la propuesta y dijo que lo que busca la Ley es establecer reglas generales de ordenamiento territorial sin afectar la autonomía de los gobiernos seccionales, ya que está orientada a garantizar los derechos de la ciudadanía.
Además, aseguró que tanto la Junta como la Superintendencia serán independientes del Ejecutivo. (HCR)
El Dato el documento está aún en análisis de la Comisión de Gobiernos Autónomos.
67 artículos tiene el borrador del proyecto.
