Loja. (Lindon Sanmartín Rodríguez).- La propuesta de una nueva ordenanza municipal sobre el uso de «dispositivos tecnológicos» en el cantón Loja ha encendido las alarmas entre la ciudadanía y algunos concejales, quienes temen que se trate de un intento por reintroducir las polémicas fotomultas, que ya generaron un «contrato de la infamia» y la revocatoria del mandato de un exalcalde manifestó Pablo Sanmartín Rodríguez, director del programa «Expresión Política» de S.R. Radio y Radio Planeta 106.1,
Expresó su profunda preocupación ante la falta de transparencia y la ambigüedad de la propuesta. Pablo Sanmartín Rodríguez señala que, si bien se habla de «dispositivos tecnológicos», no se ha explicado claramente a la población su función, sus características ni el nivel coercitivo que podrían implicar.
La inquietud se agrava al observar la instalación de «artilugios de color blanquito y un vidrial de color negro» en los postes de los semáforos de la ciudad, sin que se haya brindado una explicación oficial sobre su propósito. Esta situación recuerda el antecedente de las fotomultas, que derivaron en demandas millonarias contra el municipio y un fuerte rechazo ciudadano.
El concejal Miguel Castillo, durante una sesión del cabildo el pasado 2 de abril, advirtió sobre la similitud de esta nueva propuesta con el contrato de las fotomultas, señalando que la ordenanza podría estar buscando una «argumentación jurídica para poder fotomultar, sancionar de todas las actividades que de que genera o pueda o le permita al legislador cantonal crear como argumentación para sancionar y juzgar actos de los ciudadanos«.
Pablo Sanmartín Rodríguez, exige a los concejales que abran un debate transparente y detallado sobre esta ordenanza, explicando sus alcances, sus implicaciones jurídicas y económicas, y garantizando que no se vulneren los derechos de los lojanos. La experiencia pasada con las fotomultas, que llevó a la revocatoria del mandato de un alcalde, es un precedente que no debe ser ignorado.
Pablo Sanmartín Rodríguez enfatiza la importancia de que las ordenanzas generen seguridad jurídica y no involucren ni generen inseguridad. Además, cuestiona la inclusión de un régimen sancionatorio directo en la ordenanza, cuando la Ley de Tránsito a nivel nacional ya contempla estas regulaciones.
La discusión sobre esta ordenanza se da en un contexto donde el Gobierno Nacional ha dispuesto que todas las cámaras fotorradares en carreteras y ciudades sean controladas por el ECU 911, precisamente para evitar situaciones de «asociación ilícita» que se prestaban en algunos municipios. Esta medida nacional debería ser un referente para Loja.
La comunidad lojana espera respuestas claras y un proceso participativo que evite repetir errores del pasado y garantice el bienestar y la seguridad jurídica de sus ciudadanos. Concluye Pablo Sanmartín Rodríguez.
