Loja. (Lindon Sanmartín Rodríguez).- El Concejo Cantonal de Loja analiza una resolución que dispone la implementación progresiva de un Sistema de Gestión Antisoborno basado en la Norma Internacional ISO 37001:2025, con el objetivo de fortalecer la transparencia, prevenir actos de corrupción y mejorar los mecanismos de control interno dentro del Municipio.
La propuesta establece que el Ejecutivo Municipal deberá adoptar políticas, procedimientos y controles destinados a prevenir, detectar y sancionar prácticas de soborno en todas las dependencias municipales, empresas públicas y entidades adscritas al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja.
El proyecto señala que la implementación del sistema será progresiva, verificable y certificable conforme a estándares internacionales de auditoría y control.
Según el documento, la iniciativa se sustenta en principios constitucionales relacionados con transparencia, eficiencia y rendición de cuentas, además de las competencias establecidas en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).
La resolución toma como referencia experiencias implementadas en municipios como Cuenca y Quito, donde instituciones públicas ya cuentan con certificaciones ISO 37001 enfocadas en prevención del soborno y fortalecimiento institucional.
Entre las disposiciones planteadas consta la capacitación obligatoria para servidores municipales en temas de ética pública, integridad institucional y prevención de la corrupción.
Además, el Ejecutivo Municipal deberá presentar informes semestrales al Concejo Cantonal detallando avances, auditorías internas y externas, así como medidas correctivas y de mejora continua aplicadas durante el proceso de implementación.
La resolución también contempla mecanismos de participación ciudadana y control social mediante la publicación de información en el portal institucional y la socialización del proyecto con organizaciones civiles, gremios y colegios profesionales.
Dentro de la disposición transitoria se establece que el Ejecutivo deberá elaborar un Plan Técnico de Implementación en un plazo máximo de 90 días, además de incorporar partidas presupuestarias específicas para ejecutar el sistema antisoborno de forma gradual.
La Comisión de Legislación y Fiscalización será la encargada del seguimiento y evaluación del cumplimiento de la resolución.
