Loja. (Pablo Sanmartín Rodríguez).- La Ordenanza número 055-2018, presentada como una actualización del sistema intermodal del transporte urbano de Loja, ha generado una profunda preocupación entre miles de lojanos, especialmente en el estamento estudiantil.
José González, representante de la modalidad a distancia y en línea de la Universidad Nacional de Loja (UNL), alzó su voz en una sesión extraordinaria del cabildo para expresar el rechazo ciudadano a un posible incremento de la tarifa del pasaje.
González enfatizó que la reforma, cargada de términos técnicos y administrativos, «oculta lo esencial»: la posibilidad de un aumento en el costo del transporte, una necesidad básica para las familias lojanas.
Criticó que la ordenanza priorice la implementación de una imagen institucional y uniforme para las unidades de transporte, con cambios estéticos como colores y elementos gráficos específicos.
«¿Es este el momento adecuado para priorizar la apariencia sobre la funcionalidad?», cuestionó, argumentando que «cambiar la pintura de los buses o su estética no mejora la calidad del servicio en sí», ni reduce tiempos de espera, garantiza el respeto a las paradas o incrementa la seguridad de los usuarios. Existe una «preocupación legítima» de que estos cambios sean utilizados como argumento para justificar un aumento en la tarifa.
El representante estudiantil también señaló que la mención de que las operadoras asumirán el mantenimiento de paradas y estaciones no debe presentarse como un beneficio extraordinario, sino como el cumplimiento de una obligación básica. Considera «injusto» que el cumplimiento de deberes mínimos se convierta en un argumento para trasladar más costos al usuario.
Otro punto de controversia es la posibilidad de establecer asociaciones público-privadas y concesiones para la gestión de la infraestructura del sistema. Aunque estas herramientas pueden ser útiles, González advirtió el riesgo de que se transformen en mecanismos que encarezcan el servicio bajo el discurso de sostenibilidad financiera, sin priorizar al ciudadano.
Un aspecto clave que no pasó desapercibido es la autorización para la explotación comercial de espacio público, permitiendo a las operadoras generar ingresos mediante publicidad en buses, paradas e inmobiliario urbano. Ante esta nueva fuente de financiamiento, González preguntó: «Si existen nuevos ingresos provenientes de publicidad, ¿por qué se plantea la posibilidad de aumentar el pasaje urbano?».
Argumentó que estos recursos deberían utilizarse para fortalecer el sistema sin afectar el bolsillo del usuario, calificando de «no coherente» generar ganancias económicas adicionales y al mismo tiempo trasladar la carga económica a la ciudadanía.
La realidad de los barrios de Loja, donde un incremento del pasaje representa una afectación diaria a la economía familiar, fue destacada por González. Aunque el documento menciona la regulación de frecuencias y horarios, la experiencia cotidiana demuestra un servicio deficiente en varios sectores, con ciudadanos esperando largos periodos. En estas condiciones, resulta «difícil justificar siquiera el costo actual, mucho menos un incremento».
El rechazo ciudadano, aclaró González, no nace de una falta de empatía hacia los miembros del transporte urbano, sino de la falta de un debate amplio y transparente que permita a la ciudadanía comprender y evaluar todas las implicaciones de la ordenanza.
La gran mayoría del estamento estudiantil y los múltiples barrios de la ciudad expresan una postura firme: «No están de acuerdo con un alza de la tarifa del transporte urbano en las condiciones actuales».
Por ello, se exige detener cualquier intento de incremento hasta que exista un análisis integral, transparente y objetivo. El cabildo, según González, tiene la obligación de legislar pensando primero en la ciudadanía, garantizando un sistema de transporte accesible y eficiente, y no convertir esta ordenanza en un instrumento para trasladar cargas económicas sin antes resolver los problemas estructurales del servicio.
Finalmente, González hizo un llamado a la responsabilidad, a escuchar a la ciudadanía y a garantizar un servicio humano y económicamente sostenible para todos, señalando que parte de la génesis del problema proviene de acciones desacertadas del gobierno actual y la necesidad de atender el tema vial de la ciudad para que el servicio de transporte pueda operar en condiciones mínimas.
