Quito. (Pablo Sanmartín Rodríguez).- El Gobierno Nacional informó este 17 de junio que logró reconstruir la ruta del dinero relacionada con el caso Progen, una investigación que permitió rastrear el destino de recursos provenientes de contratos estatales y determinar quiénes habrían sido sus principales beneficiarios.
El secretario General de la Administración Pública, Planificación y Gabinete, José Julio Neira, explicó que los avances fueron posibles gracias a la cooperación internacional impulsada por el presidente Daniel Noboa con el Gobierno de Estados Unidos y a la aplicación de herramientas contempladas en la Ley RICO.
Según Neira, la investigación financiera no se limitó al análisis de contratos, sino que reconstruyó transferencia por transferencia el recorrido de los fondos. Como resultado, se identificó una red de empresas y personas que habrían obtenido beneficios económicos utilizando a Progen como vehículo para la distribución de recursos.
Uno de los principales hallazgos señala que los fondos transferidos por CELEC a Progen no permanecieron más de una semana en las cuentas de la empresa. Cada desembolso fue distribuido entre distintos actores vinculados a contratos estatales en sectores estratégicos.
Las investigaciones determinaron que 29 personas jurídicas recibieron dinero directamente de Progen. Entre ellas figura Astrobryxsa LLC/SA, tanto en sus registros de Estados Unidos como de Ecuador, que habría recibido aproximadamente USD 15,2 millones y posteriormente distribuyó esos recursos entre varios beneficiarios.
Dentro de la estructura investigada aparece José Luis Hidalgo Fernández, quien, de acuerdo con la información oficial, habría facilitado la creación y adquisición de ocho empresas utilizadas para canalizar recursos hacia distintos destinatarios. Las autoridades también señalaron que registra movimientos financieros y adquisición de bienes que serán objeto de análisis por parte de los organismos competentes.
Otra de las personas mencionadas en la investigación es Karla Saud Calero, quien habría destinado más de USD 162.000 a gastos personales. Asimismo, se investigan posibles vínculos con Alex Dueñas Calero, quien ocupó cargos estratégicos dentro de empresas públicas del sector eléctrico.
La investigación también identificó movimientos financieros relacionados con José Walter Manrique Suárez, quien habría distribuido más de USD 2,3 millones entre empresas, personas naturales y gastos personales. Las transacciones habrían sido realizadas a través de entidades financieras del sistema nacional.
Ante estos hallazgos, el Gobierno anunció que dispuso a la Secretaría General de Integridad Pública evaluar acciones para evitar que los hechos queden en la impunidad. Además, remitió un pedido formal a la Embajada de Estados Unidos en Ecuador para analizar la aplicación de normativa federal que sanciona a empresas estadounidenses involucradas en presuntos actos de corrupción.
De igual manera, la información recopilada fue puesta en conocimiento de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), con el objetivo de que analice posibles operaciones inusuales o injustificadas y determine la pertinencia de medidas como la inmovilización de fondos.
Durante su intervención, José Julio Neira afirmó que las investigaciones continuarán hasta identificar el destino de todos los recursos involucrados en el caso y establecer las responsabilidades correspondientes.
