Guayaquil. (Lindon Sanmartín Rodríguez).- El presidente Daniel Noboa Azin firmó el Decreto Ejecutivo No. 318 mediante el cual dispone la intervención temporal, excepcional e integral del Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo, ubicado en Guayaquil.
La medida tendrá una duración inicial de 180 días y busca restablecer el control institucional, garantizar la continuidad del servicio público de salud y prevenir cualquier forma de coacción o infiltración de grupos de delincuencia organizada en la gestión hospitalaria.
Objetivos de la intervención
El decreto establece tres ejes principales:
Restablecer el control institucional y asegurar la continuidad de la atención médica.
Prevenir, neutralizar y erradicar posibles actos de intimidación o participación de estructuras criminales, especialmente en procesos de contratación, adquisición de medicamentos, administración de bodegas y farmacia.
Proteger la vida e integridad de servidores, trabajadores, pacientes y usuarios.
Ministerio de Salud asume la administración
El documento dispone que el Ministerio de Salud Pública de Ecuador asuma de forma directa la administración del hospital durante el período de intervención.
En un plazo máximo de cinco días, la cartera de Estado deberá designar un interventor, quien ejercerá la máxima autoridad administrativa y operativa del establecimiento y podrá conformar un equipo técnico, financiero y jurídico para cumplir sus funciones.
Entre las primeras acciones obligatorias constan:
Levantar, en 30 días, un inventario físico y documental de medicamentos, dispositivos médicos e insumos.
Implementar controles reforzados de cadena de custodia y trazabilidad.
Revisar integralmente procesos de contratación y compras en ejecución o planificados.
Adoptar protocolos para evitar la paralización de servicios, priorizando emergencias y áreas críticas.
Plan de seguridad integral
El decreto también ordena al Ministerio del Interior de Ecuador, al Ministerio de Defensa Nacional de Ecuador y al Ministerio de Gobierno de Ecuador ejecutar un Plan de Seguridad Integral que incluya control de accesos, protección de personal crítico y acciones de prevención frente a amenazas, extorsión o violencia.
Asimismo, se garantiza al equipo interventor acceso inmediato a sistemas informáticos, archivos físicos y digitales, expedientes administrativos y registros de bodegas y farmacia. La obstrucción o negativa de información podrá derivar en acciones administrativas, civiles o penales.
Informes periódicos y posible prórroga
El interventor deberá presentar informes quincenales durante los primeros 60 días y luego reportes mensuales a la Presidencia, detallando hallazgos, riesgos, estado de abastecimiento y recomendaciones para prevenir la captura criminal.
La intervención podrá ser prorrogada mediante nuevo decreto ejecutivo si persisten las causas que motivaron la medida.
El Decreto Ejecutivo entró en vigencia desde su suscripción en Guayaquil, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
