Henry Llanes Suárez
Especial para SR.RADIO
Antes de impulsar este objetivo, el gobierno y la Asamblea Nacional deben impulsar con urgencia una nueva Ley de Hidrocarburos y un contrato tipo para explorar y explotar el recurso natural, así como para su refinación.
En el caso que sea posible que “los recursos contingentes, prospectivos, reservas posibles y probables” se conviertan en reservas probadas, comercialmente explotables, poco o casi nada le servirían al Estado incrementar la producción a un millón de barriles de petróleo por día, si previamente no se reforma la Ley de Hidrocarburos y se incorpora a este cuerpo legal un tipo de contrato en el que se cumpla lo que dispone el artículo 316 de la Constitución de la República.
Esta reforma es urgente impulsarla, porque actualmente las empresas petroleras se llevan la mayor parte del hidrocarburo a través del contrato de prestación de servicios, con el que facturan al Estado exagerados costos de producción por la explotación de un barril de petróleo, cuando sus inversiones son insignificantes, porque la mayoría corresponden al Estado, como se demuestra a continuación:
Según la Asociación de la Industria Hidrocarburífera del Ecuador (AIHE), organización empresarial constituida por las empresas petroleras que han suscrito con el Estado contratos de prestación de servicios para explorar y explotar los hidrocarburos, manifiesta lo siguiente:
“Inversión en exploración y producción petrolera. La inversión pública en materia de exploración y explotación hidrocarburífera alcanzó su cúspide en 2014, analizado en un periodo de 12 años, con un acumulado de $3.786,98 millones de dólares.
Desde entonces, los montos de inversión han ido decreciendo hasta alcanzar los $1.764 millones de dólares en 2019. Para el año 2020, el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables aprobó presupuestos en inversiones programadas con la contribución pública por $ 1.425,67 millones de dólares (93,47%) y el aporte privado $99,59 millones de dólares (6,53%), dando un total de $ 1.525,26 millones de dólares destinados a las actividades petroleras de upstream”.
Como lo manifiesta la AIHE, las compañías contratistas han invertido en el año 2020 USD 99.59 millones, sin embargo, de acuerdo a los datos que constan en el cuadro siguiente, sus ingresos se han multiplicado por diez (USD 1,096,656,640.10) en comparación con las inversiones realizadas; una ganancia impresionante, obtenida en un año de pandemia.
Invertir USD 99 millones para ganar USD 1.096 millones (dinero que se llevan), es realmente impresionante, en un país con enormes índices de pobreza.
- Lcdo. en sociología y ciencias políticas, analista de temas petroleros, del seguro social obligatorio y de la seguridad social, vicepresidente de la Asociación de Afiliados, Jubilados y Pensionistas del IESS de Pichincha.
- Según el INEC, a junio de 2019, de una población de 17.300.000 habitantes, 4.411.500 tuvieron un ingreso mensual de USD 85.03 y 1.643.500 de USD 47.92 al mes. En un año y medio de pandemia, seguramente la pobreza de la gente se habrá incrementado sustancialmente por la pérdida del empleo y la disminución de sus ingresos.
Cuadro 1
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, AÑO 2020
Fuente: AIHE. El petróleo en cifras 2020 y Secretaría de Hidrocarburos.
Elaboración del cuadro: Dr. Luis Alberto Aráuz Estos contratos están vigentes desde el año 2011, año en el cual se cambió su modalidad contractual, de participación a prestación de servicios, en el que se convino pagar a las contratistas una tarifa fija para la explotación del barril de petróleo, como se indica en el cuadro 1 y que en promedio es de USD 32.18 x barril.
Como referencia, cuando en el país estuvo vigente el contrato de asociación tipo consorcio entre CEPE y TEXACO, el Estado tuvo una participación accionaria del 62.5% y de la contratista fue del 37.5%, de la que pagó: el 18.5% de regalías petroleras, el 2% de la concesión Coca, el 87.5% del impuesto a la renta y el 15% de utilidades a los trabajadores.
“En los 20 años, según las liquidaciones oficiales, este contrato dejó al Estado $ 23.508 millones de dólares y TEXACO recibió $ 1.643 millones de dólares, es decir 93% para el Ecuador y 7% para la compañía2.
La operadora de los campos petroleros fue la contratista, cuyos costos de producción del barril de petróleo no excedieron el 20% de los ingresos de la venta del hidrocarburo: en 1972 fueron del USD 0.45 x barril y en 1977 de USD 0.66 x barril (Jorge Andrade Noboa, ex procurador de CEPE). En 1992 fueron de USD 3 x barril (Luis Alberto Aráuz, abogado especialista en derecho petrolero).
En materia de industrialización de los hidrocarburos, así mismo es urgente impulsar un contrato de economía mixta para refinar los derivados del petróleo y abastecer el mercado interno con productos nacionales. El impulso de esta política evitará seguir descapitalizando al país en importación de gasolinas, diésel, GLP (gas licuado de petróleo), Jet Fuel, Fuel Oil, Avgas, Cutter Stocks, VGO y NBO.
En el período 2007-2020 el Estado importó más de USD 50.000 millones en gasolinas, diésel y GLP (gas licuado de petróleo). En este monto no está incluido la importación de Jet Fuel, Fuel Oil, Avgas, Cutter Stocks, VGO y NBO.
En la comercialización de los derivados de los hidrocarburos hay que eliminar la intermediación comercial, así como fijar los precios al consumidor (estaciones de servicios – gasolineras), en función del precio de exportación del barril de petróleo, de la refinación del barril de los hidrocarburos, del transporte y almacenamiento, de la distribución y comercialización, del IVA y de un margen de utilidad que no debe exceder el 25% por galón.
