Quito. (Lindon Sanmartín Rodríguez).- La Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional recibió información y documentación del Banco Central del Ecuador (BCE) como parte de la investigación del caso Sucre-FOGLOCONS.
La comparecencia tuvo como objetivo incorporar nuevos elementos al análisis de la comisión y actualizar la información disponible para la elaboración del informe motivado que posteriormente será puesto en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional.
Durante la sesión, Carmen Vergara, delegada del Banco Central, explicó el origen y funcionamiento del Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre), mecanismo creado mediante un convenio suscrito por Ecuador, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Cuba, países integrantes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).
El sistema fue concebido como un mecanismo para facilitar el comercio entre los países participantes sin recurrir directamente al uso de dinero físico. Según la información presentada ante la comisión, tuvo un nivel importante de operaciones entre 2010 y 2019, aunque posteriormente registró una disminución significativa.
El mecanismo ingresó después en una etapa de pausa administrativa y actualmente permanece a la espera de su cierre, tras la denuncia del tratado correspondiente. Durante el periodo de funcionamiento del sistema, el Banco Central aseguró haber mantenido los controles técnicos establecidos en el convenio.
De acuerdo con la información entregada por el BCE, mediante el Sistema Sucre se registraron operaciones por aproximadamente 2.697 millones de dólares. El 99 % de esas transacciones se realizaron con Venezuela. En las operaciones participaron empresas privadas, los bancos centrales de los países miembros, bancos privados operadores y el Banco del ALBA.
Ante la Comisión de Fiscalización, el Banco Central sostuvo que cumplió con sus responsabilidades de control y aplicó procesos de debida diligencia para la revisión de las transacciones efectuadas a través del sistema.
Respecto de las operaciones consideradas presuntamente irregulares, la delegada explicó que la institución emitió las alertas correspondientes a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y a la Fiscalía. Según su exposición, determinar la legalidad o ilegalidad de esas transacciones no correspondía a las atribuciones del Banco Central. La información entregada será incorporada al proceso de investigación que lleva adelante la Comisión de Fiscalización, cuyos integrantes deberán analizar los nuevos documentos y elementos antes de elaborar el informe motivado que será remitido al Pleno de la Asamblea Nacional.
