Quito. (Lindon Sanmartín Rodríguez).- Con 87 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, una reforma que plantea cambios en el sistema de transporte y movilidad del Ecuador.
La propuesta busca fortalecer la seguridad vial, modernizar los sistemas de tránsito, proteger los derechos de los usuarios y reforzar los mecanismos institucionales de control. La ponente del informe y presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Valentina Centeno, señaló que la reforma tiene entre sus principales objetivos combatir la corrupción y el crimen organizado y establecer la seguridad vial como una política de Estado.
El nuevo marco legal modifica aspectos relacionados con la gestión del transporte terrestre, el control operativo, la matriculación, la revisión técnica vehicular, los títulos habilitantes, las nuevas modalidades de movilidad, los servicios conexos y los peajes. También incorpora mecanismos de protección para las víctimas de siniestros de tránsito.
Uno de los cambios planteados establece una diferenciación más precisa entre la rectoría y regulación nacional y las competencias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). La finalidad es reducir conflictos de competencias, unificar criterios y generar mayor seguridad jurídica para usuarios y operadores del sistema.
La reforma también incorpora nuevas reglas para los trabajadores de plataformas de delivery y micromovilidad. Se crea un Registro Nacional de repartidores, se determinan responsabilidades para las plataformas digitales y se establecen estándares de seguridad. Además, bicicletas, scooters y otros vehículos de micromovilidad tendrán una regulación de alcance nacional.
En materia tecnológica, la normativa establece restricciones para contratos vinculados con porcentajes de recaudación de multas y dispone la homologación de dispositivos de control. También contempla la señalización previa de los controles y la depuración de registros.
Entre las medidas previstas constan la entrega de cascos homologados, el uso de sistemas de retención infantil, la validez nacional de la revisión técnica vehicular, la centralización de la emisión de placas y una evaluación integral de las escuelas de conducción.
La normativa otorga especial atención a los usuarios más vulnerables de las vías. Para ello, incorpora derechos relacionados con infraestructura segura, semáforos sonoros y ciclovías continuas, además de establecer la obligación de utilizar sillas infantiles homologadas.
También dispone la vigencia permanente de la póliza de accidentes para pasajeros del transporte público y reconoce la licencia digital con plena validez legal. En el caso de las escuelas de conducción, establece una moratoria de 365 días para la creación de nuevos establecimientos mientras se realiza una evaluación y auditoría de los existentes.
Otro componente de la reforma corresponde al Servicio Público para el Pago de Accidentes de Tránsito. El proyecto establece definiciones legales, mecanismos de transparencia y disposiciones para garantizar el uso exclusivo de sus recursos.
De acuerdo con la Asamblea, la aplicación de la reforma no contempla la creación de nuevas entidades públicas ni estructuras administrativas permanentes. Los cambios deberán implementarse mediante reorganización institucional, actualización de normativa secundaria, coordinación entre instituciones y modernización de procedimientos.
Tras el debate, en el que participaron 26 legisladores, el proyecto fue aprobado con 87 votos. La propuesta será remitida al Presidente de la República para el procedimiento constitucional correspondiente, que contempla su sanción u objeción.
