Loja.- (Lindon Sanmartín Rodríguez).- La Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional recibió aportes técnicos y jurídicos para el tratamiento de las reformas a la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles y a la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.
El proyecto busca garantizar la validez y aceptación de la cédula de identidad tanto en formato físico como digital, en un contexto de creciente digitalización de los trámites públicos y privados.
Durante el análisis participaron Daniela Patricia Macías, especialista en Propiedad Intelectual y Derecho de Nuevas Tecnologías, y Diana Velasco, abogada especializada en Derecho Civil, quienes plantearon observaciones relacionadas principalmente con la seguridad de la información, la protección de datos personales y la aplicación de las nuevas disposiciones.
Macías consideró que la propuesta representa una oportunidad para fortalecer la economía digital, debido al avance de las tecnologías de la información y comunicación. Sin embargo, sostuvo que la incorporación de mecanismos para validar documentos electrónicos debe estar acompañada de garantías que eviten un tratamiento excesivo de los datos personales.
Entre sus planteamientos propuso limitar la recolección, archivo y captura de registros y metadatos durante los procesos de verificación. A su criterio, la validación debería concentrarse en comprobar la autenticidad y vigencia de la cédula, sin generar un almacenamiento de información que exceda las necesidades específicas de cada trámite.
La especialista también señaló que el Estado, como custodio de grandes volúmenes de información sobre los ciudadanos, debe garantizar tanto el desarrollo de la economía digital como la protección de los derechos relacionados con la información personal.
Por su parte, Diana Velasco coincidió en que la transformación digital incrementa el valor de la información contenida en los documentos electrónicos y planteó observaciones sobre el régimen sancionador contemplado en la propuesta.
Velasco señaló que el Registro Civil es una institución de naturaleza principalmente administrativa y, por esa razón, consideró necesario revisar la atribución de potestades sancionadoras dentro del nuevo marco legal.
En ese contexto, propuso que las facultades de control y sanción permanezcan en organismos que ya cuentan con competencias específicas en sus respectivos ámbitos, como la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
Las especialistas coincidieron en que el desafío no se limita necesariamente a la existencia de normas, sino también a su aplicación efectiva. La implementación de procedimientos claros será determinante para garantizar que los ciudadanos puedan presentar documentos de identidad físicos o digitales sin generar riesgos innecesarios para su información personal.
Los aportes serán considerados por la Comisión de Justicia durante el tratamiento de las reformas, que buscan adaptar el marco legal ecuatoriano a las nuevas modalidades de identificación y gestión documental en el entorno digital.
