Quito. (Lindon Sanmartín Rodríguez).- La Comisión de Fiscalización y Control Político inició este martes, 3 de febrero, la actuación de pruebas de cargo y descargo dentro del proceso de juicio político en contra del presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Mario Godoy, por presunto incumplimiento de funciones establecidas en la Constitución y la ley.
El proceso fue solicitado por los asambleístas Viviana Veloz, Raúl Chávez, Liliana Durán, Franklin Samaniego y Xavier Lasso Mendoza, quienes en esta primera jornada presentaron las pruebas documentales y audiovisuales anunciadas en la solicitud ingresada en diciembre pasado. Según los proponentes, los elementos expuestos permiten establecer responsabilidad política de Godoy en las causales planteadas.
Los legisladores sostienen que el titular del CJ habría incumplido los numerales 1 y 3 del artículo 168 de la Constitución, relacionados con la independencia interna y externa de la Función Judicial. Argumentan que existió permisividad y pasividad frente a presuntas presiones indebidas ejercidas por subordinados directos, entre ellos el director provincial de Pichincha, Henry Gaibor, quien habría intervenido de forma coercitiva sobre el juez anticorrupción Carlos Serrano Lucero en el caso denominado “Euro 2024”, sugiriendo argumentos favorables a la defensa del procesado Jezdimir Srdan.
Durante esta sesión, Mario Godoy no pudo presentar sus pruebas de descargo, debido a que los documentos solicitados aún no han sido incorporados al expediente. Por esta razón, y con el fin de garantizar el debido proceso, la comisión resolvió suspender temporalmente esta fase hasta que el funcionario cuente con los elementos probatorios requeridos, conforme lo señalado en su escrito de contestación.
En declaraciones a la prensa, Godoy aseguró que rompía el silencio tras un mes de lo que calificó como “linchamiento mediático”. Cuestionó las pruebas presentadas por el correísmo, señalando que son “circulares” y que se basan en audios, videos y noticias repetidas. “No tengo nada que ocultar”, afirmó, al asegurar que defenderá su honra ante la Comisión de Fiscalización.
Entre las pruebas anunciadas por los proponentes constan actuaciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) relacionadas con las dos designaciones de Godoy como vocal del CJ; presuntas injerencias de la Función Ejecutiva en su nombramiento como presidente del organismo; la defensa legal ejercida por su esposa, Dolores Vintimilla, en favor de Jezdimir Srdan; y supuestas presiones a la jueza Nubia Vera en un proceso contra la entonces vicepresidenta Verónica Abad.
También se presentó un certificado societario de la Superintendencia de Compañías sobre la conformación del bufete de abogados Invictus, del cual formaría parte Dolores Vintimilla. La lectura de este documento generó una controversia entre los asambleístas Viviana Veloz y Ferdinan Álvarez, luego de que la Superintendencia notificara que dicha información tiene carácter reservado.
