Quito. (Pablo Sanmartín Rodríguez).- La Asamblea fiscalizará el acceso a declaraciones patrimoniales luego de que la Asamblea Nacional del Ecuador, a través de su Comisión de Transparencia, resolviera solicitar información al contralor Mauricio Torres sobre las recientes restricciones implementadas en el sistema de consulta pública.
La decisión fue adoptada el 23 de abril, en medio de cuestionamientos por los nuevos requisitos exigidos para acceder a la información patrimonial de funcionarios públicos.
Nuevos requisitos y polémica
Desde el 20 de abril, la Contraloría General del Estado implementó parámetros como el ingreso de número de cédula, correo electrónico, aceptación de cláusulas de confidencialidad y validación mediante código enviado al usuario.
Estas condiciones generaron críticas debido a que, inicialmente, el sistema no permitía visualizar correctamente los documentos, mostrando información ilegible y con marcas de agua que dificultaban su lectura.
Posturas políticas y debate
El asambleísta Isaac Solano reconoció la polémica generada, aunque advirtió sobre el uso indebido de datos personales, señalando que la transparencia debe equilibrarse con la protección frente a riesgos como extorsión o amenazas.
Por su parte, Blasco Luna cuestionó las medidas, calificándolas como un obstáculo al acceso a la información pública. Propuso que el contralor comparezca ante la comisión, iniciativa que no obtuvo los votos necesarios.
Medidas parciales y cambios recientes
Tras las críticas, la Contraloría levantó algunas restricciones. Actualmente, ya es posible acceder al detalle de bienes muebles e inmuebles de los funcionarios, información que había sido limitada en días anteriores.
Asimismo, se eliminó la marca de agua que impedía la correcta visualización de los documentos.
Sin embargo, se mantienen requisitos como el ingreso de datos personales y la aceptación de condiciones de uso.
Próximos pasos
La Comisión de Transparencia también solicitó información a la Superintendencia de Protección de Datos Personales para analizar la legalidad y justificación de las medidas adoptadas.
El contralor deberá remitir un informe detallado, mientras el tema continúa en evaluación dentro del órgano legislativo.
