Quito. (Lindon Sanmartín Rodríguez).- La Asamblea Nacional dio un nuevo paso en el combate contra el crimen organizado. El Pleno tramitó en primer debate el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a Varios Cuerpos Legales para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del Estado frente al Crimen Organizado, denominado Ley Antimafias.
La iniciativa, presentada por la presidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Mancheno, busca fortalecer las capacidades del Estado para enfrentar a las organizaciones criminales y limitar su capacidad operativa, territorial y económica.
Durante la presentación del informe, la presidenta de la Comisión de Seguridad Integral, Inés Alarcón, sostuvo que las estructuras del crimen organizado no buscan únicamente controlar cargamentos de droga, sino también las condiciones necesarias para mantener y ampliar sus operaciones.
Según explicó, estas organizaciones procuran controlar rutas y recursos económicos, obtener protección, acceder a información y penetrar o corromper a las instituciones encargadas de combatirlas.
Persecución a las estructuras criminales
Mancheno señaló que, desde 2025 y durante lo que va de 2026, el país registra importantes incautaciones relacionadas con las economías criminales: 316.000 toneladas de droga, 796.000 de material aurífero, 477.000 municiones, 2.533 millones de galones de combustible y USD 3.418 millones vinculados a estas redes.
Frente a este escenario, la Ley Antimafias plantea que el Estado avance de una respuesta centrada exclusivamente en los hechos violentos hacia una estrategia integral contra las estructuras delictivas, sus fuentes de financiamiento, patrimonio, control territorial e infiltración institucional.
La propuesta busca alcanzar a quienes organizan, dirigen, financian o ejercen mando y control dentro de estas organizaciones, así como a quienes coordinan estratégicamente, reclutan personas, facilitan infraestructura o proporcionan recursos con conocimiento de una finalidad criminal.
El patrimonio de las organizaciones criminales
Uno de los ejes centrales del proyecto es la persecución patrimonial. Mancheno indicó que existirían aproximadamente 583 bienes inmuebles y 2.600 automotores relacionados con organizaciones criminales y actividades de narcotráfico.
La legisladora señaló que el mantenimiento y cuidado de estos bienes representa un gasto para el Estado. Por ello, la iniciativa incorpora mecanismos orientados a mejorar la administración de los bienes incautados, considerando su conservación y, cuando la normativa lo permita, su eventual venta anticipada.
El objetivo es evitar que los bienes vinculados con actividades ilícitas continúen generando costos para el Estado y, al mismo tiempo, fortalecer las herramientas para afectar las economías de las organizaciones criminales.
Reforma y ejercicio profesional
Durante su intervención, Mancheno aclaró que la propuesta no busca criminalizar la defensa técnica. Según explicó, la reforma apunta al uso doloso de la profesión para facilitar o encubrir actividades criminales.
La eventual inhabilitación de abogados, precisó, procederá conforme a una sentencia ejecutoriada.
“Los ecuatorianos nos están viendo y ellos sabrán perfectamente quiénes están dispuestos a cerrarles el paso a estas economías criminales y también quiénes eligieron seguir permitiendo que el crimen organizado esté en nuestro país”, manifestó la presidenta de la Asamblea.
Experiencias internacionales
La propuesta legislativa recoge los aportes de más de 50 comparecencias y toma como referencia experiencias internacionales de lucha contra el crimen organizado.
Entre los modelos considerados se encuentra Italia, por su experiencia en el combate contra las estructuras mafiosas y en la aplicación de mecanismos de persecución patrimonial. También se analizaron referencias de Estados Unidos y Argentina, países que cuentan con herramientas legislativas dirigidas contra organizaciones criminales.
El proyecto continuará su trámite
El primer debate contó con la participación de 22 asambleístas de diferentes bancadas, quienes expusieron sus criterios y planteamientos sobre la iniciativa.
El proyecto no concluye su trámite con el primer debate. La Comisión de Seguridad Integral deberá continuar con el análisis y elaborar el informe correspondiente para que la propuesta pueda ser sometida a segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional.
De esta manera, la Ley Antimafias entra en una nueva etapa de discusión legislativa, con el objetivo de fortalecer las herramientas estatales para enfrentar las estructuras, economías y mecanismos de infiltración asociados al crimen organizado.
