Quito. (Lindon Sanmartín Rodríguez).- La Comisión del Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional continuó el análisis en primer debate de los proyectos unificados relacionados con la atención integral de la obesidad, en medio de observaciones técnicas planteadas por autoridades de control, aseguradoras y empresas de medicina prepagada.
Durante la sesión, el superintendente Luis Alberto Cabezas-Klaere expresó el respaldo institucional a las iniciativas orientadas a enfrentar la obesidad como un problema de salud pública. Sin embargo, advirtió que la eliminación de la obesidad como condición preexistente en seguros privados podría afectar la sostenibilidad financiera del sistema.
Según explicó, el modelo asegurador se basa en la cobertura de riesgos futuros e inciertos, por lo que incluir enfermedades previamente diagnosticadas como riesgos asegurables podría generar distorsiones en el cálculo de primas, la solvencia y la liquidez de las compañías.
El funcionario también manifestó preocupación por la asignación de nuevas competencias de control y auditoría a la Superintendencia sin recursos adicionales, insistiendo en la necesidad de fortalecer la autonomía financiera y operativa de la entidad.
Por su parte, Patricio Salas señaló que el sector asegurador brinda cobertura médica a cerca de 1,8 millones de personas y financia aproximadamente 600 millones de dólares anuales en servicios de salud.
No obstante, advirtió que la incorporación obligatoria de nuevas coberturas relacionadas con la obesidad podría generar desequilibrios financieros y afectar la viabilidad del sistema de seguros privados.
Salas destacó que principios como la mutualización, la solvencia y la regulación de preexistencias son fundamentales para evitar fenómenos de “selección adversa”, es decir, que usuarios contraten seguros únicamente cuando necesiten atención médica.
En representación del sector de medicina prepagada, María Fernanda Ulloa coincidió en respaldar medidas preventivas para combatir la obesidad, aunque alertó que nuevas coberturas obligatorias podrían provocar incrementos en tarifas y limitar el acceso de usuarios a planes privados de salud.
El presidente de la Comisión del Derecho a la Salud, Juan José Reyes, subrayó la importancia de fortalecer campañas de prevención, fomentar la alimentación saludable y reducir el sedentarismo, resaltando además el rol complementario que puede cumplir el sector privado en la promoción de hábitos saludables.
