QUITO. Extrabajadores de la Cervecería Nacional realizan desde hace varios meses un plantón en frente de la Corte Constitucional reclamando la devolución de utilidades.
Quito.- (Diario EL UNIVERSO).- A pocos metros de la Corte Constitucional (CC), en el parque El Arbolito, aún pernoctan unos 15 extrabajadores de Cervecería Nacional, en una improvisada carpa, a la espera de que ese organismo ratifique la sentencia de un juez que ordenó el pago de $ 91 millones por concepto de utilidades.
Esa es una de las alrededor de 400 causas que se encuentran represadas en el pleno de la CC, según el juez Hernando Morales, quien dejará su cargo la próxima semana cuando asuman los nuevos designados tras el concurso de oposición y méritos realizado por el Consejo de Participación Ciudadana.
La nueva Corte –que será posesionada la próxima semana en la Asamblea Nacional– la integran Patricio Pazmiño, Manuel Viteri Olvera, Ruth Seni y Tatiana Ordeñana, propuestos por el Ejecutivo; Wendy Molina, María del Carmen Maldonado y Antonio Gagliardo, por la Función de Transparencia; y Alfredo Ruiz y Fabián Jaramillo, por el Legislativo.
La cifra no es exacta, dice Morales, porque no existe un inventario actualizado de los casos. El último corte que posee data de hace tres semanas.
Esto ocurre porque “no nos hemos reunido continuamente y porque algunos compañeros han estado de candidatos”, refiere el magistrado saliente.
Esa estadística incluye 186 acciones extraordinarias de protección, 101 causas por incumplimiento de sentencia, 24 de incumplimiento de norma, 14 acciones de inconstitucionalidad, 7 tratados internacionales, 10 consultas de norma, 11 estados de excepción y 15 peticiones de ampliación.
Tales cifras pueden incrementarse porque la Sala de Admisión trabaja con normalidad. En esta se califican las causas y se envía al pleno para que sortee un juez ponente.
Entre las causas represadas están, por ejemplo, la demanda de inconstitucionalidad al Decreto Ejecutivo 813, que establece la cesación de funciones por compra de renuncias con indemnizaciones en el sector público. Esta fue planteada el año pasado por los gremios de los profesionales despedidos.
También consta el caso del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, acusado de peculado, cuyos abogados presentaron un recurso extraordinario de protección en el 2010 en el que se pide la anulación de dos juicios que tiene pendientes por presunta malversación de fondos.
Está, asimismo, el pedido de ampliación que planteó la Unión Nacional de Periodistas (UNP), respecto a la sentencia a la demanda de inconstitucionalidad al artículo 203 del Código de la Democracia, que se refiere a la restricción al trabajo de la prensa en el proceso electoral.
Dicho gremio pidió aclarar cuáles son los parámetros de “publicidad engañosa o encubierta”. Al no estar definidos, quedaría a criterio subjetivo de la autoridad sancionadora.
La asambleísta María Paula Romo (Ruptura) duda de la independencia de las actuaciones de la nueva CC, que debe resolver todos estos casos. Esto porque, a su criterio, se integró de forma poco transparente.
“Con la integración de la nueva Corte se están ‘pagando favores’ a exmiembros de la CC que han hecho fallos al menos polémicos y también al exfiscal Antonio Gagliardo, por su impecable actuación en el caso ‘Chucky Seven’, dice Romo.
El asambleísta Enrique Herrería (sin afiliación) dice que en la flamante CC distingue “pocas personas con méritos académicos y probidad”. “En cuanto a los que vienen del pasado, aspiremos a que en un futuro para este periodo se rediman trabajando con celeridad y apegados a la Constitución”.
