Quito.- El Pleno de la Asamblea Nacional conoció en primer debate el proyecto de Ley Orgánica de Repetición, cuyo objetivo es regular los mecanismos para determinar la responsabilidad patrimonial de servidores públicos y hacer efectiva la acción de repetición contra quienes, en ejercicio de potestad pública, hayan causado daños económicos al Estado.
La iniciativa será aplicable a servidores y exservidores públicos de todas las funciones del Estado, así como a delegatarios, concesionarios y personas naturales o jurídicas que hayan ejercido funciones públicas en cualquier nivel de gobierno.
Durante la presentación del informe, el asambleísta Keevin Gallardo advirtió que Ecuador enfrenta cerca de 40 procesos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas medidas de reparación superan los 100 millones de dólares, además de laudos arbitrales internacionales que han significado pagos millonarios. Indicó que el proyecto busca recuperar estos recursos para las arcas públicas, respaldado por la sentencia 439-17-P-23 de la Corte Constitucional, que reconoce la obligación de ejercer la acción de repetición.
Gallardo explicó que actualmente existen dos iniciativas en trámite —una presentada por la Procuraduría General del Estado y otra por la asambleísta Camila León— las cuales deberán unificarse para construir un marco normativo sólido, coherente y alineado con el derecho constitucional, administrativo y los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el fin de combatir la impunidad y recuperar la confianza ciudadana.
Por su parte, Camila León defendió su propuesta presentada en agosto de 2025, señalando que se trata de una herramienta de justicia económica destinada a recuperar recursos perdidos por errores, negligencia, dolo o culpa grave de malos servidores públicos. El proyecto plantea procedimientos en dos fases (administrativa y judicial), el llamamiento anticipado con fines de repetición, mecanismos de ejecución exprés, medidas cautelares para evitar el ocultamiento de bienes y sanciones para funcionarios que omitan iniciar estas acciones.
Durante el debate, el asambleísta Sergio Peña subrayó la necesidad de regular con precisión la responsabilidad de funcionarios que suscriben contratos internacionales con cláusulas arbitrales perjudiciales para el país. En tanto, Luigi García señaló que desde 2015 el Ecuador ha pagado alrededor de 2.800 millones de dólares en indemnizaciones, debido a la dispersión normativa y la falta de procedimientos eficaces de recuperación.
No obstante, Humberto Alvarado expresó observaciones críticas al texto, advirtiendo que ciertos plazos podrían generar riesgos de impunidad, mientras que Alejandro Vanegas llamó a armonizar la propuesta con el ordenamiento jurídico vigente para evitar una sobrerregulación que genere inseguridad jurídica.
Finalmente, tras la moción de archivo presentada por la asambleísta Josebeth Jaramillo, que no obtuvo los votos necesarios, el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, dispuso que el proyecto regrese a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado para la elaboración del informe para segundo debate.
