Quito.– El Pleno de la Asamblea Nacional conoció en primer debate el Proyecto de Ley Orgánica que Regula las Técnicas y Procedimientos de Reproducción Humana Asistida, una normativa que aborda los aspectos médicos, técnicos y jurídicos vinculados a estos procedimientos, con el fin de garantizar el interés superior del niño, los derechos de las personas involucradas y el reconocimiento de la diversidad familiar.
El presidente de la Comisión del Derecho a la Salud y ponente del informe, Juan José Reyes, explicó que la iniciativa responde a un mandato de la Corte Constitucional y se ajusta plenamente a la Constitución. Destacó que el proyecto reconoce los derechos de los niños nacidos mediante estas técnicas, asegurando su dignidad, la no discriminación y la confidencialidad sobre su origen.
La propuesta establece responsabilidades para usuarios, donantes y personal de salud. Podrán acceder personas mayores de 18 años, ecuatorianas o residentes, mediante un contrato escrito, con el objetivo de evitar el denominado “turismo reproductivo”.
El proyecto regula procedimientos como fecundación in vitro, inseminación artificial e intrauterina, y crioconservación de gametos y embriones. Además, excluye la gestación subrogada, la reproducción póstuma y la clonación, y prohíbe la comercialización de embriones. La normativa busca ordenar prácticas ya existentes sin generar impacto fiscal.
También crea el Comité Nacional de Reproducción Humana Asistida, encargado del control y la supervisión de los procedimientos, así como del impulso a la investigación y la capacitación. Se asigna además al Ministerio de Educación la tarea de desarrollar campañas de sensibilización.
Debate legislativo
Ocho legisladores intervinieron en el debate, coincidiendo en la necesidad de contar con un marco legal que garantice el derecho a decidir sobre la vida reproductiva y el acceso seguro a estas tecnologías, siempre bajo los principios de dignidad humana, igualdad, no discriminación y seguridad jurídica.
Annabella Azin señaló que la infertilidad es un problema de salud pública que afecta a miles de familias y que la normativa no crea un servicio nuevo, sino que ordena una práctica cuyo costo actualmente asumen directamente los pacientes.
Mónica Salazar resaltó la obligación del Legislativo de garantizar la maternidad y paternidad responsables y proteger los derechos reproductivos de mujeres y hombres.
Por su parte, Cristina Jácome enfatizó que, aunque la regulación es necesaria, el texto requiere revisiones para evitar vacíos y asegurar coherencia con los principios éticos y jurídicos.
Concluido el debate, el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, dispuso que el proyecto regrese a la Comisión de Salud para la elaboración del informe para segundo debate.
