La iniciativa, planteada por el asambleísta Adrián Castro (ADN), establece la fecha en memoria de las víctimas directas e indirectas de los grupos de delincuencia organizada en Ecuador, incluidos servidores públicos que han muerto durante el cumplimiento de sus funciones.
La resolución dispone que cada 15 de noviembre el Ministerio del Interior, la Fiscalía General del Estado, el Consejo de la Judicatura y otras instituciones competentes desarrollen actos conmemorativos, campañas de sensibilización y actividades orientadas a recordar a las víctimas y fortalecer la cultura de legalidad y transparencia.
Resolución recuerda a servidores públicos asesinados
Durante el debate, Castro señaló que entre 2020 y 2025 fueron asesinados alrededor de 275 policías, 12 fiscales y cuatro jueces. También mencionó a 48 militares, entre ellos 11 que murieron durante los hechos registrados en Alto Punino.
La resolución recoge además casos de funcionarios judiciales asesinados en el contexto de investigaciones relacionadas con delincuencia organizada.
Entre ellos consta el fiscal César Suárez, asesinado el 17 de enero de 2024 en Guayaquil mientras investigaba, entre otros casos, el ataque armado contra TC Televisión y delitos relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada.
También se menciona al fiscal Marcelo Vásconez, asesinado el 25 de octubre de 2024 en Manta junto con su custodio policial. Vásconez estaba especializado en delincuencia organizada transnacional e internacional.
Asamblea debate seguridad y crimen organizado
Durante la sesión también se produjeron intervenciones sobre la situación de seguridad del país.
Castro sostuvo que la declaratoria de una fecha conmemorativa no reemplaza las políticas públicas de seguridad y señaló que el combate al crimen organizado requiere inteligencia, fortalecimiento de las leyes y cooperación internacional.
Desde la bancada Revolución Ciudadana (RC), la legisladora Noemí Cabrera cuestionó que el tratamiento de la resolución ocurra antes de un proceso electoral y señaló la necesidad de atender la situación de inseguridad, particularmente en la provincia de El Oro.
Cabrera sostuvo que las organizaciones criminales deben ser investigadas y desarticuladas y que quienes financian actividades violentas deben ser perseguidos.
En respuesta, la asambleísta Diana Jácome (ADN) destacó resultados que, según señaló, se obtuvieron durante el último toque de queda, entre ellos más de 2.500 personas aprehendidas y el decomiso de más de 8,1 toneladas de droga.
La resolución aprobada establece así el 15 de noviembre como fecha nacional de conmemoración de las víctimas del crimen organizado y dispone actividades institucionales cada año.
