Avanza juicio político contra Mario Godoy y CPCCS

Quito.- El Consejo de Administración Legislativa (CAL) dio inicio al procedimiento para la calificación del juicio político en contra de Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, así como de varios consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), conforme a lo establecido en la ley.

La decisión se adoptó durante una sesión del CAL, en la que también se incluyó a los consejeros del CPCCS Andrés Fantoni, Johana Verdezoto, Jazmín Enríquez, David Rosero y Piedad Cuarán, como parte de los procesos de control político impulsados desde la Asamblea Nacional.

Al inicio de la sesión, el presidente del Parlamento, Niels Olsen, recordó la responsabilidad de las instituciones del Estado frente a la ciudadanía y subrayó la importancia de actuar con apego a la normativa vigente. “Las instituciones están para proteger la confianza pública y, cuando esa confianza se ve comprometida, el Estado debe actuar con estricto cumplimiento de la ley y con total transparencia”, enfatizó.

Con cinco votos a favor, el CAL aprobó la moción presentada por la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Mancheno, mediante la cual se solicitó a la Unidad Técnica Legislativa (UTL) la elaboración del informe técnico-jurídico no vinculante sobre el cumplimiento de los requisitos del pedido de juicio político contra el titular del Consejo de la Judicatura.

Dicho informe deberá ser presentado en un plazo máximo de tres días, conforme a los procedimientos establecidos en la normativa legislativa vigente.

Asimismo, de forma unánime, los integrantes del CAL acogieron la moción planteada por la asambleísta Sade Fritschi, para que la UTL elabore el informe técnico-jurídico no vinculante respecto al pedido de enjuiciamiento político contra los consejeros del CPCCS.

Con esta decisión, el Consejo de Administración Legislativa avanza en la fase inicial del proceso de control político, que permitirá determinar si los pedidos cumplen con los requisitos formales para su eventual calificación y posterior tratamiento en el Pleno de la Asamblea Nacional.

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