Loja.- El Cabildo de Loja analiza el proyecto de reforma a la Ordenanza 035-2018, que regula la operación del Sistema Intermodal de Transporte Urbano (SITU).
La propuesta, enviada por la Dirección de Movilidad, plantea ajustes tarifarios y cambios en la definición de grupos con tarifas diferenciadas, lo que ha generado cuestionamientos por parte de ciudadanos y actores sociales.
Uno de los puntos más polémicos es el uso del término “beneficiarios” para referirse a estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad, algo que generó críticas al considerarse que el transporte público tiene una responsabilidad social intrínseca y que dichos grupos no reciben un “beneficio”, sino que acceden a un derecho ya reconocido por la normativa nacional.
Además, se cuestiona la base técnica del estudio que propone el incremento del pasaje, recordando que los informes son referenciales y no obligatorios para la toma de decisiones legislativas.
Otro tema crítico es la falta de transparencia respecto al contrato de operación entre el municipio y el consorcio de transporte, cuya existencia es mencionada en la ordenanza, pero cuyos detalles no se han socializado. Según especialistas y actores ciudadanos, cualquier reforma debería partir primero de la revisión completa de ese contrato.
También se señala que la infraestructura vial utilizada como carril exclusivo por los buses ha sido financiada por los contribuyentes y frentistas, no por el consorcio, lo que desmiente la idea de que el sector transportista “beneficia” a la ciudad.
Se advierte que, si se considera el transporte urbano como un servicio social, las obras asociadas deberían clasificarse como de interés general y no trasladarse automáticamente al frentista.
Otro cuestionamiento se centra en las condiciones de movilidad en Loja. Se menciona la necesidad de rediseñar el parque automotor para adecuarlo a las características geográficas y viales de la ciudad, especialmente tras los problemas registrados durante obras en zonas como la avenida Imbabura y Manuel Agustín Aguirre, donde el tamaño de los buses dificultó la gestión del tránsito.
También se pide que la reforma no se apruebe sin una auditoría profunda, una socialización adecuada y la intervención de entes como la Procuraduría General del Estado y la Contraloría, con el fin de evitar futuros conflictos legales como los ocurridos en contratos anteriores, incluidos los de fotomultas y obras municipales cuestionadas.
