Loja. (Pablo Sanmartín Rodríguez).- El Colegio de Abogados de la provincia de Loja, uno de los gremios más antiguos y reconocidos del sur del Ecuador, enfrenta una compleja situación jurídica y financiera que mantiene en alerta a sus integrantes.
La doctora Consuelo Lanche, socia activa de la institución, denunció públicamente en el noticiero Prensa Radial y noticias Plantea Al Día de la alianza de medios diario La Hora, S. R. Radio y radio Planeta 106.1, que los bienes patrimoniales del gremio se encuentran en grave riesgo debido a un proceso de ejecución derivado de una deuda impaga con un contratista.
El origen del conflicto y la mediación cuestionada
La problemática se origina a partir de una demanda presentada por el ingeniero Vallejo, un contratista que realizó trabajos de infraestructura en el inmueble que el Colegio de Abogados adquirió en el sector de Punzara. El valor principal de la deuda asciende a 54,000 dólares.
Ante la falta de pago por parte de la directiva, se suscribió un acta de mediación comparecida por la abogada Marlene Montoya, quien actualmente se encuentra encargada de la presidencia del gremio debido a que el presidente titular, el doctor José Luis Silverio, se desempeña como empleado público en la UCOT.
En dicha acta, la abogada Montoya se comprometió a cancelar la deuda en un plazo de seis años. Sin embargo, este acuerdo incrementó el monto final en casi 30,000 dólares adicionales debido a los intereses pactados (aproximadamente 5,000 dólares anuales).
Al no haberse cumplido con los pagos establecidos en la mediación, el contratista ha iniciado un proceso de ejecución en derecho, lo que faculta legalmente la posibilidad de solicitar el secuestro, la prohibición de enajenar o el remate de cualquiera de los dos bienes inmuebles del gremio: el de Punzara o la sede ubicada en las calles José Antonio Eguiguren y Olmedo.
Cuestionamientos a la legalidad del encargo
Uno de los puntos más críticos analizados por la doctora Lanche es la presunta ilegalidad en la designación de la abogada Marlene Montoya como presidenta encargada. Según los estatutos del Colegio de Abogados de Loja, ante la ausencia del presidente, el encargo debe recaer en un miembro del directorio (priorizando a la vicepresidenta o, en su defecto, a las vocalías principales).
No obstante, al revisar el acta de sesión ordinaria del directorio para el periodo 2023-2025, constan como integrantes el doctor José Luis Silverio (presidente), la doctora Mariana del Cisne Cueva Guerrero (vicepresidenta), el doctor Jerónimo René Ruiz (secretario), el abogado Bolívar Angamarca Figueroa (tesorero) y los vocales principales Carlos Andrés Orellana, Diego Santiago Galarza Mijos y Edison Efrén Valdez Pardo. El nombre de la abogada Marlene Montoya no figura en ningún espacio de dicho documento.
«La designación de la doctora Montoya es ilegal porque debió hacerse de entre los miembros del directorio, tal como lo establece el estatuto», señaló Lanche, añadiendo que, al no ser parte del directorio, Montoya no tenía la facultad legal para comparecer y firmar el acta de mediación que hoy compromete el patrimonio del gremio.
Asimismo, se enfatizó que el directorio actual se encuentra con funciones prorrogadas, ya que debió convocar a elecciones en enero de este año.
Falta de transparencia en el manejo de recursos
La situación genera profundas dudas entre los agremiados respecto al destino de los fondos de la institución. El Colegio de Abogados vendió previamente su inmueble en el sector de Jipiro a SOLCA por un valor estimado de más de un millón de dólares (aproximadamente $1,120,000, según declaraciones previas del presidente). Posteriormente, se adquirió la propiedad de Punzara por un valor que rondaría entre los 500,000 y 550,000 dólares.
Los socios cuestionan por qué, existiendo un remanente económico significativo entre la venta de Jipiro y la compra de Punzara, no se cancelaron los 54,000 dólares correspondientes a los trabajos del ingeniero Vallejo, evitando así el incremento por intereses y el posterior litigio judicial.
Hasta la fecha, la directiva prorrogada ha evadido la entrega de un informe detallado con los estados de cuenta de los dineros que ingresaron y egresaron de la institución.
Ante este escenario, los abogados en libre ejercicio exigen que el presidente prorrogado rinda cuentas claras de manera inmediata y convoque a elecciones generales. De persistir la negativa, no descartan la auto convocatoria a una asamblea general de socios —máxima autoridad del gremio— para determinar el rumbo de la institución y salvaguardar sus bienes históricos.
